El mismo asistirá a niños, niñas, adolescentes y sus familias en situación de vulnerabilidad.
La Legislatura Provincial sancionó este jueves un proyecto que busca reordenar las funciones de los Juzgados del Menor y la Familia de Rio Gallegos.
En este sentido el proyecto aprobado durante la jornada de ayer modifica la competencia del Juzgado del Menor N°2 de Río Gallegos para reorganizar sus tareas y transformarlo en un Juzgado de Familia.
El proyecto fue presentado por la diputada Mestelán y tiene como antecedente un proyecto similar presentado por la Doctora y Diputada Nacional Roxana Reyes y el bloque radical en 2016.
Este nuevo Juzgado tendrá a su cargo todos los temas vinculados al menor y la familia, incluidos los temas vinculados a la violencia familiar. Esto lo convierte en un juzgado muy importante porque estos temas son los que generan una mayor demanda por parte de la comunidad.
Reyes destaco ademas el nombramiento de un nuevo Juez para que se haga cargo del Juzgado de Familia Nº 1 de Río Gallegos que se encontraba vacante, y dijo que espera que desde el Ejecutivo Provincial se actúe con celeridad para iniciar el procedimiento que permita poner rápidamente en funciones este nuevo Juzgado.
Reyes remarcó que éste nuevo juzgado servirá para mejorar el servicio de justicia que se presta en la provincia a los ciudadanos, permitiendo descomprimir otros juzgados que se encontraban saturados y reorganizando el sistema.
La Doctora Reyes celebró la sanción del proyecto y explicó que este "es sin dudas un gran avance en la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentra rigiendo en nuestra provincia. Estamos atravesando un momento de ordenamiento jurídico en cuanto a la infancia donde lo que se busca siempre es proteger y asistir a los menores y sus familias reconociendolos como verdaderos sujetos de derecho".
Además la diputada insistió en la necesidad de no perder el eje central de esta cuestión que es que los Juzgados de Familia tienen hoy una gran función que es la de controlar la legalidad y funcionamiento de los organismos administrativos de protección integral de la infancia para evitar que se produzcan irregularidades en la protección de los cuidados del niño, y para que puedan incluir al grupo familiar que está en una situación vulnerable en programas de apoyo.