El presidente de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez, destacó la decisión del Tribunal Superior de Justicia que revocó la cautelar contra la aplicación del artículo 22 de la Ley N° 1782. Aseguró que la resolución no establece nuevas obligaciones para los municipios, sino que restablece el cumplimiento de una norma vigente y permite resguardar los recursos destinados al sistema previsional.

El presidente de la Caja de Previsión Social, Pablo Pérez, se refirió a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de revocar la medida cautelar que impedía la aplicación del artículo 22 de la Ley N° 1782.

El funcionario sostuvo que la resolución representa un paso importante para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y contribuir a la sustentabilidad del sistema previsional santacruceño.

“Este fallo deja en claro que nadie está por encima de la ley. Lo único que hace la Justicia es permitir que se cumpla una norma que está vigente desde hace años y que establece obligaciones concretas para todos los municipios de la provincia”, afirmó.

Pérez remarcó que la decisión judicial no incorpora nuevas cargas para los gobiernos municipales, sino que restablece la aplicación de una obligación prevista en la legislación.

“No se está creando una obligación nueva ni se está modificando la ley. Simplemente se está diciendo que la ley debe cumplirse. Nada más y nada menos que eso”, expresó.

“El sistema previsional se sostiene con el aporte solidario de todos”

El titular de la Caja explicó que el artículo 22 de la Ley N° 1782 establece la obligación de que las municipalidades transfieran al organismo previsional los aportes retenidos a sus trabajadores y las contribuciones patronales correspondientes.

Pérez señaló que estos recursos resultan fundamentales para el funcionamiento del sistema y sostuvo que las obligaciones establecidas por la normativa deben alcanzar a todos los empleadores públicos.

“El sistema previsional se sostiene con el aporte solidario de todos. Cada empleador público tiene obligaciones que cumplir y este fallo ratifica que esas obligaciones alcanzan a todos por igual”, manifestó.

Y agregó: “No puede haber excepciones cuando está en juego el financiamiento de las jubilaciones de miles de santacruceños”.

Asimismo, consideró que la decisión del máximo tribunal provincial brinda previsibilidad institucional y pone fin a una situación que impedía la plena aplicación de una norma sancionada por la Legislatura.

El impacto del déficit en las cuentas provinciales

Pérez advirtió que, cuando los municipios no transfieren los recursos correspondientes, el déficit previsional debe ser cubierto con fondos del Estado Provincial.

“Cada peso que la Provincia tiene que destinar para cubrir el déficit generado por el incumplimiento de algunos municipios es un peso que deja de invertirse en educación, salud, seguridad, infraestructura o políticas públicas para todos los santacruceños”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el cumplimiento de las obligaciones previsionales no se limita únicamente al aspecto normativo, sino que tiene impacto en la administración de los recursos públicos.

“Cumplir con la ley no es solamente una obligación legal; también es una responsabilidad con toda la sociedad”, remarcó.

“Las normas fueron sancionadas para cumplirse”

Finalmente, el presidente de la Caja de Previsión Social consideró que la resolución judicial abre una nueva etapa en relación con el cumplimiento de las obligaciones previsionales.

“Se reafirma un principio fundamental: nadie está por encima de la ley. Las normas fueron sancionadas para cumplirse y este fallo simplemente garantiza eso”, afirmó.

Pérez concluyó que, a partir de la resolución, corresponde que los municipios cumplan con las obligaciones previstas en la legislación vigente, al considerar que de esos recursos dependen la sustentabilidad del sistema previsional y el cuidado de los fondos públicos provinciales.