El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, respondió a los cuestionamientos de la diputada provincial, Agostina Mora y defendió el uso de herramientas financieras para afrontar salarios y jubilaciones.

Ezequiel Verbes salió al cruce de las declaraciones de la legisladora, quien había cuestionado el manejo de los fondos públicos en el actual contexto económico de la provincia. Herramienta que, según remarcó, fue utilizada durante todas las gestiones anteriores, incluso por el gobierno que Mora integró.

En ese marco, el funcionario rechazó los planteos y sostuvo que la utilización de plazos fijos forma parte de una herramienta habitual de administración financiera, utilizada para resguardar el valor de los recursos hasta su aplicación, principalmente en el pago de sueldos y jubilaciones.

Según explicó, la Provincia no percibe la totalidad de sus ingresos en un único momento, sino que estos se distribuyen a lo largo del mes, por lo que resulta necesario administrar esos fondos de manera dinámica. En ese sentido, indicó que los instrumentos utilizados son de bajo riesgo, con disponibilidad inmediata, y están contemplados dentro de la normativa vigente.

Plazas fijos

Además, Verbes cuestionó la información difundida por la legisladora, al señalar que los datos “son incorrectos o están fuera de contexto”. En particular, se refirió a los plazos fijos registrados durante el mes de enero, los cuales -según indicó- respondieron a ingresos extraordinarios de diciembre y fueron utilizados posteriormente para afrontar obligaciones salariales.

Subrayó: “Ahora bien, lo que llama la atención es la liviandad con la que se cuestiona una herramienta que fue utilizada por el propio espacio político de la diputada”. Durante la gestión de Alicia Kirchner, por ejemplo, se constituyeron plazos fijos con fondos públicos en momentos críticos, incluyendo colocaciones por aproximadamente $1.000 millones bajo la modalidad de plazo fijo precancelable.

Cabe señalar que esos $1.000 millones de 2015 equivalen hoy a más de $138 mil millones, es decir una cifra que es casi tres veces mayor al monto que se maximizó en enero con las herramientas actuales.

La utilización de estos recursos financieros no es una discusión nueva ni una práctica excepcional: es una herramienta histórica de administración del Estado. La diferencia, indicó, está en cómo se utiliza, con qué prioridad y en qué contexto, remarcando que no se han dejado de cumplir las obligaciones de sueldos y jubilaciones.

Escenario financiero

El ministro también puso el foco en el actual escenario financiero, al remarcar que la provincia atraviesa una situación “extremadamente exigente”, con una masa salarial mensual elevada y compromisos constantes vinculados al sistema de seguridad social. A esto se suma la caída de ingresos nacionales y la retracción de la actividad económica, que impactan directamente en las finanzas provinciales.

En ese contexto, confirmó que el Gobierno debió solicitar un adelanto de coparticipación para poder cumplir con el pago de haberes, y sostuvo que no existen recursos ociosos, sino una administración orientada a sostener el funcionamiento del Estado.

“Hoy la situación es extremadamente exigente: la masa salarial asciende a $132 mil millones, más unos $38 mil millones para la seguridad social. Esto implica que cualquier mejora salarial debe sostenerse con ingresos corrientes y permanentes, no con recursos transitorios”, manifestó.

Por eso, también “fue necesario -continuó- solicitar un adelanto de coparticipación por $100 mil millones, que será devuelto con intereses, para poder afrontar los haberes de marzo y parte de abril”.

Asimismo, destacó como diferencia central que la actual gestión no realiza inversiones en acciones ni obligaciones negociables, destinando todos los recursos al funcionamiento del Estado y a las prioridades sociales.

En definitiva, “acá no hay plata escondida ni decisiones especulativas. Hay administración responsable en un contexto muy difícil, donde cada peso cuenta”.

Finalmente, el funcionario llamó a la responsabilidad en las declaraciones públicas, al advertir que este tipo de planteos pueden generar confusión en un escenario económico complejo.