
Un hombre fue encontrado culpable del delito de tenencia simple de estupefacientes, ya que la Justicia no pudo determinar a ciencia cierta si toda la droga que tenía en su domicilio estaba para ser comercializada.
Se trata del caso de un vecino de Caleta Olivia, de apellido Grabano que tiene 37 años y que, hace unos años, le encontraron varios envoltorios de cocaína y marihuana.
La causa contra el hombre nació a partir de una denuncia anónima que tomó la Policía de Santa Cruz que indicaba que, dentro de una casa ubicada en el pasaje Los Diaguitas de la ciudad de El Gorosito, había un kiosco de drogas.
Precisamente, la exposición anónima indicaba que un hombre que tenía un auto gris era el que se dedicaba al narcomenudeo y que tenía como clientes a los “pibes” del barrio, tal como se expuso.
Era el 2016 cuando el personal de la Dirección de Investigaciones (DDI) de Caleta Olivia comenzó con las averiguaciones. Con consignas policiales invisibles se pudo ver movimientos extraños de ingreso y egreso de presuntos “clientes”, lo que motivó que, en julio del año siguiente, el Juzgado Federal emita órdenes de allanamientos.
Antes de los procedimientos, Grabano se había mudado a vivir en una casa del Barrio Miramar, de igual manera, continuaba yendo al domicilio del pasaje Los Diaguitas.
Los allanamientos arrojaron resultados positivos, ya que los agentes encontraron varios gramos de marihuana y cocaína fraccionada en diferentes rincones de las casas.
La causa de tenencia de estupefacientes con presuntos fines de comercialización continuó su rumbo hasta la semana pasada cuando cambió la carátula.
En un juicio abreviado del Tribunal Oral Federal se resolvió condenar a Grabano a la pena de un año de prisión efectiva. De igual manera, será domiciliaria.
Según pudo saber Santa Cruz en el Mundo, Grabano reconoció la tenencia de las drogas y dijo ser un consumidor. Asimismo, para la Fiscalía General, no se pudo demostrar que todos los estupefacientes estaban para ser comercializados.
El regimen de conducta impuesto contra el ahora condenado, además plantea el pago de una multa de 20 mil pesos, que el hombre continúe con sus estudios, que se abstenga de cometer nuevos delitos y que deberá fijar domicilio de manera periódica por el término de un año en la sede local de la Prefectura Naval Argentina.