Los procedimientos fueron realizados por la División Cibercrimen en los barrios San Benito y Prefectura Naval. Durante los operativos se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y distintos dispositivos de almacenamiento que serán sometidos a pericias.
La División Cibercrimen realizó este lunes dos allanamientos en Río Gallegos en el marco de una investigación por presunta tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil (MASI).
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de la capital provincial y se concretaron en una vivienda del barrio San Benito y en otro domicilio ubicado sobre calle Prefectura Naval.
Investigación iniciada a partir de reportes internacionales
La causa se originó tras reportes emitidos por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organismo que colabora internacionalmente en la detección y denuncia de delitos vinculados a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
A partir de esa información, la Justicia ordenó las medidas de prueba que fueron ejecutadas durante la mañana por personal especializado de la División Cibercrimen.
Secuestraron equipos informáticos
Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron distintos dispositivos electrónicos y elementos de almacenamiento digital considerados de interés para la causa.
Entre los elementos incautados figuran teléfonos celulares, notebooks, CPU, pendrives y memorias externas. Además, en el marco del procedimiento se realizó una requisa vehicular, donde también fue secuestrada una tarjeta de memoria.
Todo el material será sometido a pericias informáticas para determinar si contiene evidencia vinculada a la investigación.
El investigado quedó a disposición de la Justicia
Finalizadas las diligencias, un hombre fue notificado de la causa judicial y fijó domicilio, quedando a disposición del magistrado interviniente mientras continúa el avance de la investigación.
El operativo contó con la participación de autoridades de la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones, la Superintendencia de Policía de Seguridad, la Dirección General de Policía Científica, jefaturas regionales y representantes del Ministerio de Seguridad, quienes supervisaron el desarrollo de las medidas ordenadas por la Justicia.
