El violento episodio ocurrió en la ciudad fronteriza de Bermejo, que limita con Aguas Blancas (Salta), cuando un grupo de comerciantes interceptó a la mujer y la identificó como presunta integrante de una banda tucumana dedicada a robos en la zona. Según relató la víctima del atraco, un grupo de personas ingresó a su local simulando ser clientes, distrajeron su atención y lograron sustraer un bolso con una importante suma de dinero, que pasaron de mano en mano hasta huir sin dejar rastros.
https://www.facebook.com/watch/?v=24489387707311921
Tras ser localizada en la zona conocida como La Petrolera, la mujer fue rodeada por comerciantes enfurecidos, quienes comenzaron a golpearla, le cortaron el cabello, la despojaron de su ropa hasta dejarla en ropa interior y la pasearon por la vía pública mientras la amenazaban con quemarla viva si no devolvía el dinero. Testigos aseguraron que incluso se llegó a pedir combustible para concretar la amenaza.
https://www.facebook.com/watch/?v=705014359167388


Aunque efectivos policiales se encontraban en el lugar, inicialmente no intervinieron ante la presión de los manifestantes, quienes exigían que no se entorpeciera el linchamiento. Recién cuando la situación se tornó insostenible, la Policía logró trasladar a la acusada a la comisaría local, donde permanece detenida a la espera de que la Fiscalía defina su situación procesal en un plazo de 72 horas.
El caso generó una fuerte polémica y expuso la tensión entre comerciantes y bandas delictivas que operan a ambos lados de la frontera, aprovechando debilidades en los controles y la fragilidad institucional. Según los primeros indicios, la mujer formaría parte de una organización delictiva con base en Tucumán, especializada en robos planificados y con apoyo logístico para huir rápidamente.
Por su parte, la comerciante afectada cuestionó la desigualdad de recursos legales: “Esta mujer va a tener tres abogados: uno de oficio, uno del Consulado argentino y otro de Derechos Humanos, mientras yo tengo que pagar uno para poder denunciar”, expresó indignada en declaraciones radiales.

En tanto, los familiares de la detenida denunciaron que fue víctima de tortura y reclamaron garantías para su integridad física y el respeto a un debido proceso.
Las imágenes de la agresión se viralizaron en redes sociales, desatando un intenso debate. Mientras algunos usuarios justificaron la reacción de los comerciantes como un acto de defensa propia frente a la inseguridad, otros repudiaron la brutalidad del castigo y alertaron sobre los riesgos de la justicia por mano propia.
El caso ya es seguido de cerca por el Consulado argentino en Bolivia, que busca asegurar asistencia legal y el respeto de los derechos de la connacional sin interferir en la investigación local.