La marcha en contra del veto al financiamiento educativo se sintió en todo el país y movió el tablero político logrando unir a la oposición. Al mismo tiempo -y en línea con esto último- dio al Gobierno un nuevo relato para justificar la medida que se publicó en las primeras horas de este jueves.

En los pasillos de Casa Rosada se encargaron de minimizar la convocatoria y aseguraron que hubo una pérdida de convocatoria del 70% al compararla con la movilización del pasado 23 de abril. Lo cierto es que, más allá de la intención de relativizar la medida, en varios despachos oficiales comienzan a preguntarse si hay margen para una instancia superadora de ajuste y -sobre todo- a qué costo.

La soledad en la que La Libertad Avanza se quedó parada frente al reclamo por mayor presupuesto educativo obliga al Gobierno a recalcular sus movimientos mientras el PRO, cuyos diputados fueron considerados hasta hace poco "héroes" y su presidente Mauricio Macri "amigo", guarda un llamativo silencio.


Por ello, pese a que en público mantiene una dura postura, en off el Gobierno recibió el impacto y entiende que debe abordar la cuestión y busca una salida al conflicto. En ese marco la semana próxima habrá una nueva reunión con las autoridades de universidades nacionales, fijada para el próximo lunes. Según pudo saber este medio, en ese encuentro se presentaría una opción superadora a los gremios. Aunque aclaran "la cifra tiene que tener el visto bueno de Milei".
Otra de las cartas que se barajan es que el tema se discuta dentro del debate por el Presupuesto 2025. En ese sentido, el oficialismo estaría dispuesto a incrementar algunas de las erogaciones, según confirmaron fuentes oficiales a este medio.
Pero además, en los últimos meses se viene cocinando un proyecto de ley entre las carteras de Educación y de Modernización del Estado, que propone cambios en la educación obligatoria y superior. La letra chica fue escrita en base a varios objetivos que quedaron por fuera de la Ley Bases.

Entre los principales puntos de la iniciativa oficial se destaca que las universidades podrán cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes y determinar "principios básicos para la asignación de recursos de las universidades".
Además, la iniciativa promueve que se realicen evaluaciones externas universitarias dentro de los primeros 6 años a partir de la normalización (universidades públicas) y el reconocimiento provisorio (universidades privadas), y que estas deben repetirse cada 10 años. En el caso de la educación superior, el proyecto establece que las universidades deben ofrecer cursos de nivelación o exámenes de ingreso, pero no deben tener un carácter selectivo excluyente.
En el oficialismo entienden que "no es momento" para tratar este proyecto de ley, aunque aseguran que "ya está listo" y buscan dejar correr un poco el tiempo.
Por estas horas el Gobierno tampoco descarta recurrir a la Justicia en caso de ser necesario. Admiten igualmente que todavía "esa idea está lejos", aunque está en la mesa de alternativas.