Amnistía Internacional publicó una carta abierta dirigida a las presidencias de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, en la que las exhorta a que "intensifiquen sus acciones para extinguir los incendios forestales, redoblen sus esfuerzos para abandonar los combustibles fósiles y transformar el modelo actual de agricultura industrial, protejan los territorios de los Pueblos Indígenas y ofrezcan garantías a las personas defensoras del medioambiente”.
El pronunciamiento tiene lugar en respuesta a los incendios sin precedentes que azotan a Sudamérica, con varios millones de hectáreas ardiendo en la cuenca del Amazonas y en otras partes del continente.
La ONG acusó directamente a Argentina por la aplicación de una estrategia energética que depende excesivamente de los combustibles fósiles, al tiempo que se siguen emitiendo permisos de exploración de petróleo y gas.

En agosto y septiembre de 2024 se registró un récord de incendios en el continente, con varios millones de hectáreas ardiendo no solo en las selvas tropicales de la cuenca amazónica, sino también en diversos ecosistemas que se extienden por países enteros, como en Argentina, donde las autoridades informaron por lo menos de 91,540 hectáreas quemadas por cientos de incendios en lo que va del año.
La ONG advirtió que, si bien varios gobiernos de la región respondieron con medidas de emergencia, la crisis actual es sintomática del fracaso de las autoridades para implementar medidas estructurales, oportunas y eficaces para combatir la crisis climática, que alcanzó proporciones alarmantes y amenaza con generar consecuencias irreversibles.
Denunció que los gobiernos tuvieron años para evitar estas consecuencias desastrosas, pero, por el contrario, muchos persistieron en aplicar políticas climáticas regresivas.
El hecho de que la quema de combustibles fósiles sea la principal causa del cambio climático es ciencia consolidada desde hace décadas.
Acuerdo de París
A pesar de los compromisos de limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales adquiridos en el marco del Acuerdo de París de 2015 y del reconocimiento en la COP28 de que los Estados deben impulsar una “transición hacia la eliminación de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de una manera justa, ordenada y equitativa”, la mayoría de los Estados no han detenido la expansión y siguen concediendo licencias, permisos y fuertes
subvenciones a la producción y el consumo de combustibles fósiles.
Y que, en el caso de Ecuador, el gobierno sigue permitiendo la quema de gas rutinaria en mecheros en la Amazonía, a pesar de una sentencia del Tribunal Supremo de 2021 que ordena el cese de esta práctica.
Amnistía llamó la atención, en consecuencia, sobre los siguientes temas que son de prioridad urgente para los países de la región:
a) Abordar de inmediato las causas estructurales de los incendios forestales, incluyendo la eliminación gradual pero rápida y equitativa de los combustibles fósiles, la transformación del modelo actual de agricultura industrial y asegurar consecuencias legales al uso ilegítimo de la tierra.
b) Garantizar el derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y la seguridad de la tenencia de propietarios tradicionales, así como su plena participación en los procesos de toma de decisiones.
c) Proteger urgentemente a las personas defensoras del medioambiente de ataques, hostigamiento y asesinatos.
d) Tomar medidas robustas e inmediatas para combatir la deforestación y extinguir los incendios forestales.
Temporada de incendios forestales
Según fuentes de periodistas de investigación que citan datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), la temporada de incendios forestales llegó temprano y más pronunciada que otros años registrados, provocando enormes emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.
La región vive una de sus sequías más severas en años según datos de prensa citando instituciones gubernamentales de la región, sumada a la presión provocada por el desmonte de tierras para la expansión de la industria agrícola.
De acuerdo con información periodística, el INPE calcula 50,000 incendios forestales en la cuenca amazónica solo en 2024, y según estas cifras a nivel regional, Brasil, lidera abrumadoramente el recuento con el 71,9% del total de incendios forestales, seguido de Bolivia con el 11,2%.
En septiembre, el 60% del territorio brasileño estuvo cubierto por una capa de humo generada por los incendios y el Observatorio del Clima estima que más de 11 millones de hectáreas se quemaron desde principios de 2024.
Mato Grosso es actualmente el estado con más incendios en el país y la Federación de Pueblos y Organizaciones Indígenas de Mato Grosso informó que más de la mitad de las tierras Indígenas del estado han sido afectadas.
En Bolivia, las autoridades informaron a la prensa que se quemaron al menos cuatro millones de hectáreas, que se extienden por una buena parte del país, cuya afectación territorial seria proporcionalmente mucho mayor a la de los incendios en Brasil, dada la extensión territorial menor de Bolivia.
El gobierno de Bolivia declaró emergencia nacional el 7 de septiembre, sólo después de reiterados exhortos de observadores de derechos humanos y comunidades que pedían la declaratoria desde varias semanas antes.
En Colombia, las autoridades han informado que, solo en septiembre, se perdieron 19,439 hectáreas de bosque nativo en todo el país y que en 2024 el país experimentó varios cientos de incendios en 30 de sus 32 departamentos: el doble que en 2023.
En Ecuador, las autoridades reportan varios cientos de incendios forestales desde el 24 de agosto hasta la fecha, con más de 34,800 hectáreas quemadas.
En Paraguay, las autoridades apuntan a que 318,604 hectáreas de cobertura forestal se han quemado solo en lo que va de septiembre, con la región del Chaco como la más afectada, y siendo más de la mitad del área quemada perteneciente a la reserva de Cerro Chovoreca.
En Perú, de acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y la Defensoría del Pueblo los incendios forestales abarcaron una extensión muy amplia de territorio con 22 departamentos de los 25 departamentos del país con incendios activos, y hasta la fecha murieron por lo menos 18 personas.
Bosques
Amnistía instó a los gobiernos de América del Sur a adoptar urgentemente y aplicar leyes y políticas de conservación de los bosques y otros ecosistemas naturales.
Dichas leyes y políticas deben garantizar que se prohíben las prácticas de conservación abusivas, como la exclusión militarizada de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, y la criminalización de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y deben elaborarse con la participación plena y significativa de todas las personas afectadas.
Además, los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos para extinguir los incendios forestales actuales en la región, desplegando el máximo uso de sus recursos para garantizar una respuesta rápida para evitar más quemas y emisiones tóxicas, y solicitando asistencia internacional de ser necesario.
Finalmente, autoridades deben implementar políticas y protocolos ante los incendios forestales y los efectos de la crisis climática, incluyendo la protección y mitigación en salud, vivienda, seguridad alimentaria e hídrica.