Los conflictos en el sector salud se intensifican, impulsados por fuertes reclamos de aumentos salariales y mayores recursos ante el ajuste del gasto público implementado por el Gobierno. Esta situación se ha visto reflejada en los Hospitales Garrahan y Laura Bonaparte, donde médicos y trabajadores han aumentado las protestas en medio de anuncios de reestructuración y cambios de autoridades.
En este contexto, el gobierno de Javier Milei está promoviendo la idea de transferir la gestión de los centros de salud bajo jurisdicción nacional a las provincias. Así lo expresó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: “El tema de los hospitales es algo que necesitamos clarificar como política nacional. ¿Tiene sentido que Nación tenga hospitales o no? La salud es una responsabilidad de las provincias”, planteó.
Francos añadió que “la gestión de los hospitales debería estar en manos de las provincias. No tiene lógica que la Nación tenga un hospital aquí y no en otros lugares. Es un tema que debemos considerar”.
Estas declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en Radio Mitre, en la que se le consultó sobre la situación del Hospital Garrahan tras un paro de 48 horas por aumentos salariales. Sobre este establecimiento, que experimentó un cambio de autoridades en su Consejo de Administración a raíz de un polémico bono de $500.000, Francos afirmó que “es un hospital importante para el país, ya que marca una política nacional”, pero subrayó que “habrá que ver cuál es la mejor forma de su gestión y administración”.
El jefe de Gabinete enfatizó que el verdadero problema de Argentina radica en maximizar el rendimiento de las inversiones en salud, un desafío que persiste en las políticas públicas del país.
La postura del Gobierno también abarca el futuro de los hospitales de gestión pública nacional. Al igual que otras entidades estatales que han sido cerradas o privatizadas, el Ejecutivo parece inclinarse hacia la idea de desprenderse de hospitales que dependen del financiamiento estatal.
En el Hospital Laura Bonaparte, especializado en salud mental y adicciones, surgió un conflicto a principios de octubre, cuando el personal fue notificado de su posible cierre. El jueves pasado, los trabajadores marcharon junto a los del Garrahan “en defensa de la salud mental” para protestar contra el ajuste del Ministerio de Salud.
Después de días de movilización, el Gobierno dio marcha atrás con la medida, aclarando que la institución enfrentará una “reestructuración”. Sin embargo, cuestionó la cantidad de recursos que recibe en relación con la cantidad de pacientes atendidos. La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, advirtió que “así como está, el hospital es inviable” y explicó que los cambios se basan en una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en abril de 2023, que reveló incumplimientos de la Ley de Salud Mental.
Actualmente, el Gobierno nacional gestiona directamente cuatro hospitales: el mencionado Laura Bonaparte, el hospital Baldomero Sommer, especializado en lepra; el hospital Ramón Carrillo, enfocado en la discapacidad intelectual; y el hospital Posadas, en Morón. También gestiona el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (Inareps).
Además, hay siete instituciones públicas de salud que reciben recursos de la Nación, entre ellas el Garrahan, conocidas como Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC). Este grupo incluye hospitales de alta complejidad como El Cruce, Cuenca Alta, El Calafate, Esteban Echeverría, Hospital General de Agudos Dr. René Favaloro, y Hospital SAMIC Presidente Néstor Kirchner.
Estos centros de salud operan de manera autárquica y ya cuentan con una cesión parcial a provincias y municipios que financian parte de su funcionamiento. En el caso del Garrahan, el 20% de sus recursos proviene del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
