La controversia entre el Gobierno de Javier Milei y el sector agropecuario escaló nuevamente esta semana tras una respuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, a un productor en la red social X. Todo comenzó cuando un productor expresó su preocupación por la falta de acciones concretas en cuanto a la eliminación de las retenciones. Caputo respondió señalando que eliminar los DEX de inmediato impactaría en la recaudación del Estado y comprometería el “déficit cero”.


Mas allá de los modos empleados por ambos (el productor afirmó que el estado “le roba” y Caputo respondió sobrando la situación) hay algo bien concreto: para los productores, los derechos de exportación representan una carga que impide la expansión productiva desde hace años y en esta campaña en particular erosionan casi completamente la rentabilidad o llevan al quebranto, según la zona que se ponga bajo análisis. Con la Mesa de Enlace en “modo fantasma”, los productores rurales de base se expresan cómo y dónde pueden.
Algunas entidades rurales de segunda línea, como por ejemplo CARTEZ, se expresaron y reclamaron que “las promesas de campaña no pueden quedar en el olvido” y que “es el momento de que el Gobierno demuestre con hechos su respaldo a los principios de propiedad privada y respeto al fruto del trabajo de los productores agropecuarios”. Luis Caputo no esquivó la situación y en una entrevista reciente que le realizaron en Radio Mitre, respondió que “el objetivo es bajar las retenciones”, vamos a seguir mejorando la situación macroeconómica, desregulando la micro y respetando la propiedad privada. Esas son nuestras prioridades como ideales. En el corto plazo buscamos que el país se empiece a recuperar para tener superávit fiscal y devolverle a la gente esa plata con baja de impuestos. Ya le devolvimos muchísimo en la baja del más distorsivo, que es el impuesto inflacionario”.
El punto es que ni Caputo ni los dirigentes rurales tienen mucho para hacer en cuanto a este tema, porque todas las cuestiones vinculadas a los impuestos son potestad del Congreso de la Nación, algo que muchas veces se olvida. Aquí no hay ni fórmulas ni recetas mágicas. El Gobierno va a esperar a que “haya plata” y cuando eso ocurra permitiría que se debata en el ámbito legislativo una reducción, quita o lo que fuere vinculado a los derechos de exportación.
Una propuesta “sin impacto fiscal”
Mientras se analizan cuestiones referidas al proyecto de presupuesto 2025, la Fundación Mediterránea, a través de su programa IERAL, propuso un camino gradual para reducir las retenciones que gravan las exportaciones de productos agropecuarios. El planteo busca dar respuesta a una demanda que tiene el sector agropecuario en particular, sin comprometer las cuentas fiscales.
El filtro que todo proyecto de reducción de impuestos debe pasar es el del impacto en las cuentas del estado: si tiene costo fiscal, el Gobierno lo vetará, tal como ocurrió con los proyectos vinculados a jubilados, educación -la que seguramente correrá el RIDA si es que avanza- y por supuesto las retenciones, que no serían la excepción. Es indiscutible que en la línea de prioridades del Gobierno -por citar un caso- los jubilados están antes que los productores agropecuarios.

Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, aseguró en diálogo con Ámbito que el costo para el estado “es la gran traba, porque proyectos de reducción de retenciones hay muchos, pero todos se vuelven inviables cuando implican un impacto fiscal que puede poner en riesgo las cuentas públicas. Esa barrera es muy importante, porque las retenciones generan una cifra de cierta magnitud que tiene impacto en las cuentas públicas, y porque además las retenciones entran en competencia con otros muy malos impuestos, como por ejemplo ingresos brutos, sellos, o el mismísimo impuesto al cheque”.
Según Giordano, este punto es clave, porque “si hay que esperar a que baje lo suficiente el gasto público como para que se genere el espacio para eliminar los DEX, en el mejor de los casos se trata de una expectativa de mediano y largo plazo”.
La idea de la Fundación Mediterranea es aportar un proyecto para tratar de resolver este tema que frena y ralentiza la dinámica productiva. Para Giordano, “todo impuesto tiene efectos negativos, pero claramente hay impuestos mejores que otros. Los impuestos son imprescindibles, porque mientras haya estado es necesario financiarlo, pero lo que uno acepta como buena práctica en el mundo es que hay impuestos mejores que otros, y claramente las retenciones, como pueden ser también los ingresos brutos o el impuesto al cheque, entran en la categoría de muy malos impuestos. Creemos que se podría ir mucho más rápido en la eliminación de las retenciones, en plazos más acotados, si se intenta sustituir estos malos impuestos por los buenos impuestos. En el caso de las retenciones, si se eliminaran habría una mejora automática en la rentabilidad de los productores, con lo cual casi de manera inmediata habría una mejora en las recaudaciones, por ejemplo, del impuesto a las ganancias”.
Otro punto que planteó el IERAL se basa en que actualmente los inmuebles rurales, justamente por la existencia de las retenciones, están exentas del impuesto a los bienes personales como si esto fuere una especia de compensación. Lo lógico sería que si uno elimina las retenciones, también se elimine esa exención, y eso generaría prácticamente todo lo que falta para compensar la pérdida que sufriría el Estado Nacional.
La propuesta -que aún no tiene estado parlamentario- plantea un plazo de 3 años para la eliminación total de las retenciones, aunque deja abierta la puerta para debatir otro aspecto fundamental, que es el de la coparticipación. Las retenciones son 100 % apropiadas por el Estado Nacional, mientras que los otros impuestos son coparticipables, con lo cual habría que hacer algunos arreglos en la relación entre el estado nacional y las provincias.
Algo importante a dilucidar en el futuro sobre el fin de las retenciones, es si la salida sería en forma de shock o gradual, ya que la eliminación generará un cambio en los precios relativos que dejará ganadores y perdedores.
Según Giordano, el plazo de tres años es necesario para que los agentes económicos internalicen ese cambio y se adapten a la nueva estructura de precios. “Se que lo gradual tiene el riesgo de ser tan gradual que pierde credibilidad, sobre todo en la Argentina donde hay poco apego al cumplimiento de las reglas, pero al ser un cronograma preestablecido entendemos que reduce las dificultades. No las elimina, pero sí da una señal clara de cuáles son las nuevas reglas”. Creemos -dijo el economista- que es la menos peor de las alternativas, ninguna es óptima porque partimos de algo muy malo.
De todas maneras, sea ésta o cualquier otra iniciativa, deberá pasar por el Congreso, por lo tanto si el sector agropecuario tiene intenciones de que en algún momento esto se plantee en forma seria, deberá cada productor de manera personal pensar en en clave política e imaginar cómo quedarían conformadas las bancadas legislativas el año próximo, luego de las elecciones de medio término.