Susana Martinengo, quien fue directora del área de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri y se encuentra detenida en el marco de la causa de espionaje ilegal, pidió la excarcelación o prisión domiciliaria ante el juzgado de Juan Pablo Auge en Lomas de Zamora.


Martinengo declaró en la jornada del jueves y dijo no tener ningún tipo de relación con Macri e incluso se diferenció del ex Presidente haciendo diferencia a la distancia entre su despacho y el de ella en la Casa Rosada, donde su función era leer las cartas que llegaban.
Lo similar hicieron los ex agentes de la AFI presos por maniobras de espionaje ilegal del macrismo solicitaron la excarcelación al considerar que son nulas e ilegales las órdenes de detención que fueron ordenadas por el apartado juez de Lomas de Zamora Federico Villena.
La defensa de Facundo Melo y el abogado que representa a Jorge “el turco” Sáez fueron los primeros en solicitar la excarcelación en base al fallo de la Cámara de La Plata que este viernes apartó al juez Villena por carecer de imparcialidad.
Con el fallo en mano, los abogados Fernando Sicilia que representa a Melo y Alfredo Oliván que defiende a Sáez consideraron ilegales las órdenes de detención cursadas por Villena.

El defensor de Sáez pidió en subsidio, que en caso de rechazarse la excarcelación, se le otorgue el arresto domiciliario. “La detención actual de Sáez es ilegal”, dice la presentación.
El abogado advirtió que es incongruente haberle otorgado en un principio la exención de prisión, y luego encarcelarlo. También planteó que debido al coronavirus y los riesgos que ello implica para su defendido, se podría acceder a que permanezca en su domicilio.
Con respecto a la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, para el letrado no existe situación de riesgo respecto de Sáez ya que no presta funciones efectivas como policía (se encuentra a disponibilidad). “Mal podría obstaculizar una investigación que se encuentra bajo secreto sumarial”, alegó.
Los pedidos serán resueltos ahora por el juez Juan Pablo Auge, que quedó a cargo del caso.