El final de enero, un mes en el que el presidente Javier Milei había logrado una mayor homogeneidad interna, sobre todo, por el apaciguamiento de la disputa de poder entre los territoriales que comandan los Menem y la aldea digital que dirige Santiago Caputo, fue convulsionado para la Casa Rosada. Es que la gestión de Milei vivió una semana devastadora en términos de renuncias o desplazamientos de altos funcionarios que cumplían funciones en ministerios, secretarías u organismos públicos clave.
Las sospechas de corrupción ligadas al manejo de fondos o los resortes del Estado y las diferencias internas por la implementación de medidas aceleraron el recambio en el equipo de colaboradores de Milei. En los últimos siete días se fueron al menos cinco miembros de la gestión de La Libertad Avanza que ocupaban cargos superiores. A diferencia de lo ocurrido durante otros períodos de “purga” en la era Milei, las salidas se produjeron en puestos estratégicos de la administración y en áreas sensibles, como justicia, transporte y energía.
Los corrimientos más relevantes fueron los que protagonizaron Paul Starc (Unidad de Información Financiera); Luis Pierrini (Transporte); Carlos Casares (Enargas) y Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, quienes estaban a cargo de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, respectivamente. También hubo movimientos en la Aduana, área que controla Andrés Vázquez, el titular de la ARCA y hombre cercano a Caputo. A quince días de haber asumido su cargo, Gustavo Mariezcurrena renunció como jefe de la Aduana en Ezeiza por razones de salud. Esta vez, se fueron perfiles más técnicos que políticos.
La renuncia de Starc en la UIF, un puesto clave en Justicia, provocó ruido interno. Quienes lo trataron en el último tiempo aseguraban que había sufrido un desgaste en la gestión. Si bien Caputo, el principal consejero de Milei, había patrocinado su llegada al organismo, Starc no contaba con un gran respaldo interno. A su vez, había manifestado sus diferencias con el proyecto de “inocencia fiscal” promovido por Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía. Hace meses advirtió a sus superiores que la ley podría colisionar con las disposiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
