Un adolescente de 17 años acusado de haber participado en el crimen de la oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) Micaela Romero, asesinada de un balazo durante un robo cometido en agosto del año pasado, en la localidad bonaerense de Quilmes, se negó a declarar y seguirá detenido, informaron fuentes judiciales.
El joven fue alojado en un centro de protección de detenidos adolescentes de la ciudad de La Plata, hasta tanto se realice el juicio oral y cumpla la mayoría de edad para que pueda ser enviado a un penal de mayores.
El imputado será sometido a una serie de pericias ordenadas por la fiscal María Julia Botasso, de Quilmes, a cargo de la investigación del crimen de Romero (23), por el que hay tres adolescentes presos.
El homicidio fue cometido en la mañana del 16 de agosto de 2020, cerca de las 7:00, cuando la oficial se encontraba vestida de civil y, junto a un amigo, fue a comprar cigarrillos a un comercio ubicado en calle 395 y avenida Carlos Pellegrini, de Quilmes.
En esas circunstancias, seis delincuentes en tres motos los interceptaron con fines de robo y, sin mediar palabras, uno de ellos le disparó a Romero, quien se encontraba sin su arma reglamentaria.
"Micaela no quiso entregar un celular y dijeron 'ella es cobani' y le pegaron a secas un disparo en el pecho"
FAMILIARES DE MICAELA ROMERO
Los investigadores señalaron que la oficial recibió un disparo a la altura del tórax mientras que los delincuentes alcanzaron a sustraerle el celular a ella y a su amigo para luego escapar.
"Le sacaron el celular y las zapatillas a este chico. Micaela no quiso entregar un celular y dijeron 'ella es cobani' (policía en la jerga delictiva) y le pegaron a secas un disparo en el pecho, la reconocieron", contaron sus familiares a la prensa luego del hecho.
Tras el ataque, la oficial de la PFA fue trasladada en grave estado por un grupo de vecinos al Hospital El Cruce de Florencio Varela, donde ingresó inconsciente y falleció a los pocos minutos producto de la herida sufrida.
Romero tenía un año de antigüedad en la fuerza y era integrante de la División Protección Residencia Presidencial de Olivos y Operaciones, aunque estaba con licencia médica.
El 2 de octubre la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió en su despacho del Senado con María Constante, la madre de la víctima.
