Se trata de la causa en la que se lo investigó por el cobro del bono de más de 6 millones de pesos del Deutsche Bank mientras se desempeñaba en el gobierno. Bonadio lo había sobreseído y ahora la Cámara revocó ese fallo y ordena continuar el caso.


La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Santiago Bausili, quien fuera secretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri y mano derecha de Luis Caputo, en una causa por una negociación incompatible al cobrar un bono de más de 6 millones de pesos del Deutsche Bank mientras se desempeñaba en el gobierno. Una variable que se repitió una y otra vez durante el macrismo.

La causa fue sobreseída por el entonces juez Claudio Bonadio, pero fue apelada por la fiscal Alejandra Mangano.

Se investiga en la causa el accionar de Bausili, quien al tiempo en que se realizó la denuncia se desempeñaba como Secretario de Finanzas y anteriormente había sido Subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

Se apunta a determinar si Bausili “obtuvo beneficios indebidos para sí o en favor de un tercero por las contrataciones que su cartera materializó con el “Deutsche Bank” para que fuera uno de los “colocadores” de bonos de deuda pública nacional”.

La entidad fue designada contemporáneamente a su gestión para cumplir dicha función –Resolución n° 146 de abril del 2016; N° 5-E de enero del 2017 y N° 3-E de enero del 2018- y habría obtenido por ello comisiones que oscilarían entre el 0.12% y el 0.18% sobre el total del capital de los títulos comprometidos, según surge de la resolución de la Cámara.

A partir de información aparecida en medios periodísticos los denunciantes encabezados por el diputado Rodolfo Tailhade pusieron también de resalto que el imputado, con antelación a su desempeño en la función pública, había ocupado distintos cargos en el “Deutsch Bank” y que a principios del año 2016 habría recibido una serie de cuotas diferidas en euros y en acciones que habrían significado un notable incremento en su patrimonio.

La hipótesis también incluye presuntas irregularidades suscitadas a partir de la concreción de una serie de reuniones con directivos del “Deutsch Bank” en las que Bausili habría participado en su condición de funcionario del Poder Ejecutivo Nacional.
Los denunciantes consideran que las conductas descriptas podrían configurar los delitos de “cohecho pasivo, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario y uso de información privilegiada”.

Al requerir la instrucción de la causa, la fiscal solicitó la realización de algunas medidas para determinar si los montos cobrados por el imputado estaban vinculados con la designación del “Deutsch Bank” como una de las colocadoras más importante de bonos.
La Cámara sostuvo que “si bien el análisis de las pruebas incorporadas al legajo conllevarían a sostener que las sumas y acciones devengadas en favor del imputado lo fueron en concepto de indemnización laboral, lo cierto es que a esta altura de la encuesta los elementos de convicción aunados resultan insuficientes para sustentar una decisión definitiva como la dispuesta por el Instructor, en la que se advierte un tratamiento sesgado de los hechos que conforman el objeto procesal de estas actuaciones”.

“ En ese contexto se estima de utilidad contar con la versión de los responsables de la entidad crediticia que intervinieron en la desvinculación del encartado del “Deutsch Bank” para que den cuenta -desde la óptica del empleador- sobre aquellas circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon la misma, así como también las características y alcance de los planes de compensación diferido “DB Equity Plan” y “DB RI Plan” que le fueron otorgados”, sugirió la Cámara.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia advirtieron que “todavía no se conoce cuál ha sido el movimiento de la totalidad de las acciones cobradas por el nombrado, las fechas de adquisición y puesta en venta”, por lo que se ordenaron medidas de prueba pedidas por la fiscal.
La Cámara considera que aún resta determinar “si el comportamiento del encartado durante su gestión resulta abarcado o no por alguno de los ilícitos que se le endilgan”.
El caso continuará en manos del juez Marcelo Martinez de Giorgi, quien reemplaza al fallecido Bonadio.