El juez federal Daniel Rafecas ordenó nuevas medidas de prueba en la causa donde se investiga al diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA) y hermano del ex jefe de Gabinete, Francisco Adorni, también presunto enriquecimiento ilícito y además por "omisión maliciosa", es decir, falsificar declaraciones juradas.
Las medidas solicitadas por el magistrado buscan comprobar la legitimidad de su incremento patrimonial, previamente a definir si se hace lugar al pedido de declaración indagatoria pedido por por el fiscal Guillermo Marijuán.
Se envió un pedido de informe al Banco Provincia con el objetivo de tener un análisis completo de todos los pagos realizados entre los 2024 y 2026, correspondientes a la cancelación de un crédito hipotecario de $60 millones de pesos.
Asimismo, hubo un requerimiento a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires donde el juzgado solicitó, de manera oficial, el envío de su última declaración jurada por su rol de legislador provincial y se pidieron oficios al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense para verificar los datos de titularidad, valuación y condiciones de ingreso al patrimonio de dos propiedades específicas.
Además, hubo cruces de información por herencia declarada debido a que la Justicia busca determinar la veracidad y origen de $21 millones de pesos que Adorni incorporó en una rectificación de su declaración jurada, en la que alegó que provenían de una sucesión, justo después de que se abriera la causa judicial.
El fiscal Marijuán no sólo acusó a Adorni de omisión maliciosa de documento público, sino que lo señaló de ocultar cuentas bancarias y bienes de forma deliberada y destacó que, por su profesión de perito contador y sus funciones previas en el Consejo de la Magistratura provincial, conocía la confección de dichos documentos.
Por último, los montos rectificados por el legislador libertario respecto de la herencia de su padre fallecido no son coincidentes con el informe de bienes patrimoniales expuestos por su hermano, Manuel Adorni.
Simultáneamente, la Cámara Federal unificó en los tribunales de Comodoro Py otra causa en su contra por presuntas irregularidades en un préstamo de $40.000 millones, relacionado al Instituto de Ayuda Financiera (IAF) y al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).
