Se trata del proyecto denominado "Protección laboral a víctimas de violencia de género de empleados estatales", impulsado por la diputada provincial del Frente de Todos-PJ, Mariela Ferreyra, tendiente a generar una medida "reparadora" para mujeres víctimas de violencia de género.
La iniciativa busca otorgar a las mujeres un puesto de trabajo en la administración pública en reemplazo de su agresor, en el caso que éste haya sido agente estatal y fuera exonerado por el ejercicio.
"El objetivo de esta propuesta es ampliar el abanico de acciones para la prevención y erradicación de la violencia de género en todas sus tipologías", indicó Ferreyra al analizar el "alarmante el aumento de denuncias que encuentran a mujeres y a personas de la diversidad como víctimas de hechos delictivos de género", explicó.
La legisladora hizo referencia que la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, "establece claramente los alcances y modalidades en las que se ejerce la violencia de género, además de tener como espíritu el propósito de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, afirmando en particular el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencias".
De la misma manera destacó la legislación que aprobó la provincia en el mismo sentido, "reforzando el compromiso del Estado de eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres".
En ese marco, sostuvo que "pese a los avances legislativos que existen a nivel nacional y provincial y a la visibilización de la problemática, existen casos de violencia que muchas mujeres padecen en silencio ante la existencia de una subordinación o dependencia económica".
Sobre ese punto, puso de relieve para las mujeres la situación de "no poseer ingresos o ser estos escasos para solventar los gastos del hogar, siendo el hombre el único sostén económico familiar", agregó.
"Es por todo esto que, y como un avance en materia de reparación con perspectiva de género, consideramos necesario ampliar el marco legal del empleado público (Ley 3161), agregando en su articulado el supuesto de la incorporación a la administración pública de víctimas de violencia de género cuando el hecho fuera perpetrado por un agente del Estado provincial", finalizó.