Fuentes judiciales informaron hoy que el reclamo de la organización no gubernamental (ONG) Asociación de Inquietudes Ciudadanas para lograr el desmantelamiento de la instalación en avenida De los Incas al 3.500, está dirigida contra Telefonía Móviles Argentina S.A. y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).
Según expuso la ONG ante el juez Francisco Ferrer, la antena de telefonía celular para la recepción y emisión de ondas está instalada desde hace cuatro años “sin haber obtenido los permisos legales” y provoca un “daño ambiental de incidencia colectiva”.
La demandante afirmó que la ilegalidad de la conducta seguida por la empresa telefónica y la omisión del GCBA en el ejercicio de su poder de policía son contrarias a normas constitucionales, además de violar normas internacionales sobre el derecho de los niños y adolescentes a un “ambiente sano y ecológicamente equilibrado” y la “preservación y disfrute del paisaje”.
Agregó que la antena, que “se caracteriza por la emisión de radiaciones electromagnéticas no ionizantes” que “pueden causar diversos males para la salud y el medio ambiente” se ha instalado sin cumplir las normas sobre prevén la participación ciudadana, la publicidad del impacto ambiental y audiencias públicas.