Mientras Javier Milei mantiene una serie de encuentros bilaterales en Brasil tras la cumbre del G20, la discusión por el Presupuesto 2025 se traba en Diputados y enciende las alarmas de los gobernadores, que ven con preocupación cómo se escurre la última posibilidad de asegurarse fondos para alivianar las golpeadas arcas provinciales. Este martes, el oficialismo suspendió la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde esperaban que el proyecto obtuviera dictamen, dando cuenta de la tensión reinante.
De los encuentros con el Presidente en la Casa Rosada y Olivos a la sorpresiva cumbre semi virtual del jueves pasado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), los mandatarios buscaron incidir en la redacción de la "ley de leyes" y usar el poder de fuego de sus legisladores para condicionar el texto final del proyecto, frente a una gestión escasa de bancas propias.
Si bien el sentimiento transversal a las diversas tribus dialoguistas es que Nación debe contar con una hoja de ruta clara para el año próximo -sobre todo porque el presupuesto que rige actualmente fue elaborado en 2022 y, en caso de ser prorrogado una vez más, tendría un desfasaje de tres años-, lo cierto es que las conversaciones no marchan por buen camino.
Aunque no contar con la ley le permitiría a los libertarios disponer de partidas a gusto y piacere, también significaría un mensaje de inestabilidad para los mercados y el Fondo Monetario Internacional (FMI). A la par, las provincias buscan tener precisiones para elaborar sus propias cuentas. Las necesidades son mutuas.
Gobernadores presionan a Nación por el Presupuesto 2025
Obra pública, aumento de la masa coparticipable -vía el impuesto a los combustibles, por ejemplo-, atrasos del Consenso Fiscal 2017, cajas jubilatorias y una distribución equitativa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATEN) son las principales quejas que los distritos agitan en conjunto como parte de las negociaciones.
De hecho, los reclamos a la gestión libertaria no llegan precisamente desde la oposición dura de Unión por la Patria (UP), presta a ir al choque en la mayoría de iniciativas, sino desde sectores como la Unión Cívica Radical (UCR), los provincialismos e incluso el PRO.
"Es preferible tener una ley mala a no tener. De ultima es una base y de ahí arrancamos, siempre podemos modificarla", indicó a Ámbito una voz dialoguista. Y agregó: "Por la institucionalidad de la Argentina, porque la verdad que esta ley, así como está, no sirve de mucho".
En territorios amarillos también se mostraron contrariados. "Vienen mal", sintetizaron, lacónicos, desde la órbita de un gobernador sobre el curso de las negociaciones. No obstante, reconocieron que, si el Gobierno considera la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias -tal como contó José Luis Espert-, "quiere decir que seguimos en carrera y negociando".
"Tiraron de la cuerda, pero se mantuvieron firmes. El Gobierno necesita el presupuesto por los mercados y los gobernadores también quieren que tenga presupuesto, pero no se puede planificar el 2025 otra vez haciendo pelota a las provincias", señalaron.
"Las provincias precisan que se incremente la masa coparticipable, pero eso les aumenta los ingresos a todos, incluida la Buenos Aires, donde el gobierno no debe querer soltar dinero para Kicillof. Están en esa trampa", agregó un legislador que participa del debate. "Son temas que un Gobierno nacional lógico ya hubiera cerrado", sumó otra fuente parlamentaria, irritada por la situación.
La semana pasada, como muestra de ese malestar, el gobierno de Salta, comandado por Gustavo Sáenz, salió a exhibir las acreencias que Nación mantiene con sus arcas. El ministro de Infraestructura local, Sergio Camacho, aseguró que la deuda que el Estado tiene con el distrito equivale a "tres meses de sueldos". "La deuda acumulada asciende a '340 millones de dólares', una suma que en pesos representaría tres meses de sueldo de toda la provincia", dijo al programa Cara a Cara.
En el medio de la pulseada, se cuelan los quehaceres domésticos del pago chico. A la par de Nación, los gobernadores avanzan con sus propios presupuestos. Aunque, en la misma tónica que La Libertad Avanza (LLA), ponen el acento en la austeridad, la reactivación de la obra pública y el auxilio a sectores como el industrial ganan terreno dentro de los proyectos locales.
Días atrás, el cordobés Martín Llaryora envió a la Legislatura su iniciativa para el 2025, que incluye un plan de inversión pública por $935.398 millones, con prioridad para hospitales, escuelas; obras de gas, saneamiento, electricidad y desagües; obras de agua potable, acueductos, cloacas y cuencas hídricas. "La Provincia presenta su presupuesto 2025 bajo la convicción de que la sostenibilidad fiscal es indispensable para promover políticas públicas que potencien el desarrollo en todo el territorio cordobés", señalaron desde la gestión mediterránea.
Más allá de las grandes bancadas, como la de UP, la UCR y el PRO, en el Congreso hay otros espacios dependientes de los jefes provinciales que son claves para la dinámica legislativa de LLA. Innovación Federal, por caso, cuenta con 8 diputados, que responden al salteño Sáenz, al misionero Hugo Passalacqua y al rionegrino Alberto Weretilneck.
Más poder de fuego tiene aún Encuentro Federal, donde conviven 16 legisladores de pelajes variopintos, entre los que hay cordobeses, entrerrianos, chubutenses, bonaerenses y santafesinos. El sello comandado por Miguel Ángel Pichetto promueve en un dictamen propio.
Según datos del Instituto Argentino de Análisis Tributario (IARAF), en octubre el Gobierno envió a las provincias y aCABA $4.137.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $1.488.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Esto marca una variación nominal del 178%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una baja real del 5,4%.
La Coparticipación Federal, en tanto, habría caído un 7,2% real, mejorando su comportamiento respecto a meses previos. "Dada una caída interanual real conjunta de IVA más Ganancias del 9%, los ingresos obtenidos por el blanqueo, habrían posibilitado esta menor caída en la coparticipación neta (7,2% versus 8,9%)", señaló el IARAF.
El Gobierno evalúa convocar a sesiones extraordinarias
Este miércoles 20 de noviembre vencerá el plazo para dictaminar. Tras anunciar la suspensión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, su titular, José Luis Espert, brindó una conferencia de prensa. "El déficit cero no es una epifanía que a los liberales que acompañamos al gobierno de Javier Milei un día nos apareció, sino que es la comprobación de que con déficit cero la emisión es cero y con emisión cero no hay inflación", dijo Espert.
Blanqueó, además, las horas convulsas que atraviesan las negociaciones y anticipó que, de ser necesario, el Gobierno evaluará la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias, dado que el plazo para obtener dictamen vence este jueves 20 de noviembre.
"Todavía no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el déficit cero. Por tal motivo, hemos suspendido la reunión de comisión que teníamos prevista para hoy. Que quede claro: la voluntad de esta comisión y del Poder Ejecutivo es seguir trabajando para lograr los consensos necesarios para tener Presupuesto 2025. Si en las próximas semanas hubiera avances en este sentido, el Ejecutivo evaluará la posibilidad de convocar a extraordinarias para su tratamiento", aseguró el diputado oficialismo.
