Las personas con discapacidad y la universidad pública no son las únicas víctimas del programa económico de Javier Milei, plasmado en el proyecto de Presupuesto 2027. Pese al aumento de la pobreza, la iniciativa contempla un ajuste de casi el 10% en términos reales del programa que abastece a comedores comunitarios, lo que totaliza desde 2023 un recorte a la mitad de esos fondos.
Los recursos de la Secretaría Nacional de Niñez, Familia y Adolescencia, el organismo encargado del área, sufrirán en 2027 un recorte del 11,3% en relación con este año y del 75,8% en comparación con 2023. Una suerte de desmantelamiento no declarado de la repartición, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
Esa secretaría ejecuta, entre otros, el programa Alimentar Comunidad, que abastece de alimentos a comedores y merenderos comunitarios de todo el país. En paralelo al incremento de la pobreza, que registran incluso las estadísticas oficiales, el Gobierno recortará el año que viene un 9,7% de esos recursos. En lo que va de la presidencia de Milei, el ajuste totaliza un 47,6%. El recorte se conoce cuando falta una semana para conocer las cifras oficiales de pobreza en el primer semestre de 2026, que registrarán un nuevo aumento.
El desfinanciamiento de los comedores comunitarios se combina con la eliminación del programa Volver al Trabajo, que tenía entre sus titulares a buena parte de las mujeres que cocinan y atienden a diario a las personas que asisten a los comedores en busca de un plato de comida. Una política de ahogo sin contemplaciones.
El ajuste a los comedores es parte de una serie de previsiones del presupuesto que afectan a los niños y adolescentes. El proyecto propone, como se había intentado sin éxito el año pasado, eliminar la actualización automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Además, prevé un nuevo recorte a las Becas Progresar y mantiene sin fondos el programa de Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI), como advirtió la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

MERCADO LABORAL
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La eliminación de la actualización automática de la AUH es un riesgo evidente: el Gobierno se comprometió a sostener el equilibrio fiscal en 2027 y para que le cierren los números en el proyecto de presupuesto sobreestimó la recaudación, por lo que, si finalmente caen los ingresos, deberá profundizar el ajuste, como hizo este año.
“Vuelve completamente discrecionales los aumentos y pone en riesgo el valor de la AUH y su capacidad de cobertura. Esto no significa que no puedan ser aumentadas, pero la existencia de una regla fiscal que no contempla una perspectiva de derechos puede suponer un serio obstáculo para incrementos presupuestarios no previstos en la ley”, dice el análisis del proyecto que hizo ACIJ.
Para darse cuenta del riesgo que se corre basta con analizar lo que pasó en los últimos tres años con la AUH, que se actualiza por inflación, y la Tarjeta Alimentar (TA), que se incrementa de forma discrecional. “La AUH, las asignaciones familiares y el Plan de los 1000 días recuperaron un 31,9% real desde 2023, mientras que la TA y las Becas Progresar sufrieron un recorte del 50,5%. La pérdida de poder adquisitivo es notablemente superior en las prestaciones no indexadas”, destacó ACIJ. De hecho, la TA tuvo un último aumento en mayo de este año después de 23 meses en los que estuvo congelada.