El ministro de Defensa, Luis Petri, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron que enviarán al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en Rosario y calificaron los crímenes del narcotráfico como "actos terroristas".
“A partir de la aplicación del actual artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, se ha convocado a las Fuerzas Armadas en el marco y con las facultades que establece la ley para dar apoyo a las fuerzas de seguridad tanto nacionales como provinciales”, manifestó Petri, quien aclaró que su presencia tenía que ver más que nada con apoyos de logística.

Y agregó: "Lo que estamos viendo, particularmente en lo que va del año, es la presencia de actos terroristas, como los que vimos estas semanas atrás con la muerte de un colectivero dos taxistas y un playero”.
La idea de titular de la cartera de Defensa es habilitar el accionar de las FFAA "para que puedan realizar operaciones de seguridad interior y así devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos”, quien aclaró que la medida cuenta con el apoyo del presidente Javier Milei.
"Y es por esto que, en pocos meses más, se va a implementar el sistema acusatorio, y sabemos que para derrotar definitivamente al narcotráfico es imprescindible realizar una tarea coordinada, interagencial y que involucre a los tres poderes del Estado", concluyó.
Por su parte, Patricia Bullrich hizo hincapié en dos casos en los que por ley actual permite la intervención de las Fuerzas Armadas, aunque diferenció: “En un supuesto muy particular que es el que hemos visto en los últimos tiempos, que es en el supuesto de terrorismo, que está definido en el Código Penal como todas aquellas acciones y delitos que están destinados a aterrorizar a la población. Esa calificación va a depender del Comité de Crisis que prevé la Ley de Seguridad Interior”.
De esta forma, buscan habilitar que las Fuerzas Armadas queden habilitadas para realizar tareas y operaciones de seguridad interior, como patrullajes, como control de personas y de vehículos, también podrán hacer control de instalaciones y aprensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos, algo que no ocurre desde 1992 cuando se promulgó la ley actual, en el marco del pacto democrático.
Una vez informado el delito, los oficiales deben dar inmediatamente intervención al juez y al fiscal intervinientes para dar las máximas garantías, en donde se posibilite, entre otras cosas, la actuación y la posibilidad de utilizar medios coercitivos. "Pero la utilización de estos medios coercitivos se va a regir por las mismas normas y en las mismas condiciones que tienen las fuerzas de seguridad en donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza", remarcó.