A través de un comunicado titulado "Auditar a las universidades es garantizar la autarquía", el Ministerio de Capital Humano ratificó su postura con respecto a las revisiones de cuenta realizadas a las universidades nacionales públicas a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Se espera que el organismo avance con la revisión de cuentas de 61 universidades nacionales públicas, para lo que revisarán 2.200 convenios con otras dependencias del Estado o empresas públicas. Así lo ratificó la cartera bajo la conducción de Sandra Pettovello, que en su documento sostiene que con este proceso busca "garantizar la regularidad financiera y la legalidad de los procedimientos para la utilización de recursos públicos y el régimen de responsabilidad de los funcionarios, imponiéndoles la obligación de rendir cuentas de su gestión; además de implementar un sistema de control interno".
Es en ese marco es que el ministerio ratifica que "no hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria y la competencia de control de SIGEN en el ámbito de las universidades nacionales". Citando a la Ley N° 24.156, remarcan que la SIGEN está facultada a "examinar en forma sistemática e integral el control interno imperante en los organismos y entes del sector público, sus operaciones y el cumplimiento de las responsabilidades financieras, legales y de gestión".
"El control que lleva adelante SIGEN es fundamental para una gestión pública adecuada, por cuanto implementa y supervisa el funcionamiento de herramientas que permiten advertir a la autoridad responsable del organismo o ente fiscalizado sobre los riesgos que existen en la organización a su cargo", continúa el documento.
Finalmente, el ministerio define que "cuando no existe control se facilita la existencia de un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar el dinero público a fines no queridos". "La falta de control de la aplicación de los significativos fondos públicos que el Estado Nacional destina a las Universidades Nacionales posibilita que esos recursos sean utilizados con fines distintos a aquellos para los que fueron asignados", concluye el comunicado.
Presupuesto 2025: el gobierno de Javier Milei negó el desfinanciamiento de las universidades públicas
En el debate legislativo por el proyecto de Presupuesto 2025, autoridades de la Secretaría de Educación de la Nación hicieron hincapié en uno de los puntos más criticados por los bloques opositores: el financiamiento de la universidad pública.
En ese marco, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, explicó la metodología para establecer partidas para la educación superior. "Antes no había ninguna razonabilidad en la distribución del Presupuesto. ¿Sabe cómo se distribuía el Presupuesto antes? Por lobby en este Congreso. Aquel diputado que tenía mayor vínculo con universidades lograba mayores índices de Presupuesto", dijo y aseguró que: "No hay ni un sólo programa que hoy se encuentre desfinanciado: tenemos el 100% de los programas y las carreras de las universidades financiadas".
El funcionario indicó que continúa el programa de las Becas Manuel Belgrano para estudiantes de ingenierías, pero reconoció que "nosotros no aprobamos el financiamiento nuevo para carreras como Derecho o similares que tienen muchísima oferta y que hoy no son prioritarias para el desarrollo del país". Asimismo, expresó que "en realidad no hubo recorte de salarios, lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria".
Luego reiteró que existe adoctrinamiento en las universidades, que definió como "la imposición de una línea política a partir del uso abusivo de una posición de autoridad. Esto es cuando un docente, como tenemos muchos casos, que le dicen a un alumno que si es liberal no aprueba la materia o el caso de que autoridades les impiden a agrupaciones no oficialistas a presentarse a elecciones". Sin embargo, definió que "no se van a desfinanciar las universidades y vamos a sostener la oferta pública en educación pública porque creemos en ella".
Por su parte, Alejandro Finocchiaro (PRO) recordó que su bloque negoció su voto a favor del veto a la ley de financiamiento universitario a cambio de una mejora salarial para los trabajadores de menores ingresos. "¿Ya se liquidó esa garantía?", indagó el legislador. "Está en ejecución y en proceso de pago. En el próximo salario va a ir", ratificó Álvarez.