Nicolás Dujovne se negó a declarar, tras presentar un escrito en el que rechazó los cargos que se le imputan en la causa por las irregularidades en la renegociación de contratos de peajes con el estado durante el gobierno de Cambiemos.
El trámite se hizo por videoconferencia por la plataforma zoom, ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral que tiene a su cargo el caso, y que el miércoles dejará los tribunales de Comodoro Py para jubilarse. La causa pasará a partir de esa fecha a su colega Julián Ercolini.
En tanto, este lunes quedó procesado el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, quien corrió la misma suerte que el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el ex Procurador del Tesoro Nacional Bernardo Saravia Frias, todos acusados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
En el caso se debaten las irregularidades en la prórroga de los contratos de concesión a Ausol y Grupo Concesionario Oeste, por los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste.
Por otra parte, el camarista Martín Irurzun confirmó al juez Canicoba Corral en el caso, al rechazar los pedidos de apartamiento que habían hecho Iguacel y Saravia Frias.
Para el juez Canicoba Corral, los funcionarios del gobierno de Macri "actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas", lo que “generó un perjuicio económico al erario público, producto de un actuar doloso".
Según se desprende de la resolución de procesamiento de los ex funcionarios, está acreditado, al menos en esta instancia del proceso, que "existió un acuerdo previo de naturaleza clandestina" entre los funcionarios y empresarios para beneficiar a Autopistas del Sol S.A. -cuya accionista era la empresa del entonces presidente Mauricio Macri- y al Grupo Concesionario del Oeste.
La causa fue iniciada por una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Adrian Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau por las irregularidades en la prórroga de las concesiones por diez años más sin licitación. Además del pago a las empresas de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas y la venta de acciones que Mauricio Macri tenía en Ausol a una empresa, Natal Inversiones.
Según los denunciantes, tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia de la Nación, Ausol -a través de su controlante española Abertis- simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.
Por decisión del ex ministro Dietrich e Iguacel, sin que existiera ningún dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación de Ausol y descartando las numerosas defensas que podían alegarse ante el CIADI, el gobierno dispuso arreglar por la suma de 499 millones de dólares, en lo que “constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”, sostuvieron en su momento los legisladores del bloque FpV-PJ-Unidad Ciudadana.
Es decir que la demanda ante el CIADI contra la Argentina que había presentado Abertis fue una puesta en escena para simular una negociación y lograr que el Estado les pague 499 millones de dólares sin ninguna justificación.
El dinero fue entregado "bajo la supuesta presión de un trámite arbitral ante el CIADI que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable (por no haberse dado cumplimiento al agotamiento de la instancia de jurisdicción local) y cuyos montos resultaban excesivos", sostuvo el juez en su resolución de procesamientos.
Canicoba Corral fue contundente: Se trató de "un complejo engranaje de maniobras que a todas luces tuvo como única motivación, los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes” entre las que se encontraba la firma Sideco Americana S.A. en la que el presidente Mauricio Macri y sus familia tenía acciones.
