Xiomara Crespi murió el 6 de enero pasado en el hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe como consecuencia de intoxicación con plomo, material utilizado en la fabricación de baterías.
La familia de la niña usurpó ese predio, donde hasta 2017 funcionó la fábrica de baterías Nesaglo y a raíz de ese dato el fiscal Jorge Gustavo Onel busca determinar posibles responsabilidades de los directivos de esa empresa en la violación a la ley 24051 de residuos peligrosos.
Onel solicitó la historia clínica de la niña fallecida y también de otros cuatro menores de edad que se encuentran internados en Santa Fe con síntomas similares y que pertenecen al entorno de Xiomara.
El fiscal también solicitó la partida de defunción de la nena y documentación referida a la empresa Nesaglo, las habilitaciones municipales bajo las que funcionó y todos los registros ambientales disponibles.
El predio donde funcionó la fábrica se sitúa en la esquina de Larrea y Tucumán, en barrio Las Américas de Ceres, ciudad ubicada 266 kilómetros al noroeste de la capital santafesina.
Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) señalaron que en octubre de 2020 tres familias ingresaron al predio en carácter de usurpadores y se quedaron a vivir, con lo cual convivieron con desechos industriales como plomo.
El municipio de Ceres informó que a través del decreto 226/21 el predio donde estuvo la fábrica fue declarado “zona no apta para ser habitada” por “riesgo ambiental y peligro sanitario”.
