La disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas volvió a sumar un nuevo capítulo este martes, luego de que el Gobierno británico publicara una guía oficial destinada a empresas interesadas en desarrollar actividades comerciales en el archipiélago. El documento respalda el desarrollo de recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, y sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción para imponer sanciones a compañías que operen en las islas.
La Cancillería argentina, encabezada por Pablo Quirno, respondió con un comunicado en el que expresó su “más enérgico rechazo” a la publicación y acusó al Reino Unido de promover “actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas” en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos circundantes.
Desde el Gobierno argentino reafirmaron además el reclamo de soberanía sobre los archipiélagos y sostuvieron que forman parte del territorio nacional y que se encuentran “ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”.
Qué plantea la guía del Reino Unido
La publicación británica, titulada “Doing business with the Falkland Islands”, afirma que el Reino Unido “apoya plenamente” el derecho de los habitantes de las islas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio propio. Londres vincula esa facultad con el principio de autodeterminación.
El documento también sostiene que las Islas Malvinas son un Territorio Británico de Ultramar y reafirma que el Gobierno del Reino Unido no tiene dudas sobre su soberanía y las áreas marítimas circundantes. Además, señala que Londres no discutirá la soberanía “a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”.
En relación con las empresas, la guía sostiene que las autoridades argentinas no tienen jurisdicción sobre compañías o personas que desarrollen actividades comerciales en las islas y ofrece orientación a aquellas firmas que puedan recibir medidas o comunicaciones legales de Argentina.
La respuesta argentina y el foco en el petróleo
Uno de los principales puntos de conflicto es el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
La Cancillería aseguró que profundizará las acciones destinadas a defender la soberanía argentina y resguardar los recursos naturales y señaló que ya presentó notas de protesta ante representantes diplomáticos del Reino Unido e Israel por el avance del proyecto y por las medidas vinculadas con su desarrollo.
Según el Gobierno argentino, las actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental requieren autorización de las autoridades nacionales y pueden quedar alcanzadas por la legislación argentina.
En ese marco, la administración de Javier Milei respaldó la aplicación de las Leyes 26.659 y 26.915, junto con el Decreto 868/2026, como parte del marco normativo que establece sanciones y restricciones para empresas, inversores y proveedores que participen en actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
Las medidas anunciadas por la Cancillería
La cartera que conduce Quirno informó que ya envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas ubicadas en 30 países. También señaló que inició 60 procedimientos administrativos y que el canciller realizó tres denuncias penales que alcanzan a diez compañías y a sus directivos.
La Cancillería sostuvo además que ninguna decisión comercial o guía publicada por un gobierno extranjero puede ubicarse por encima del derecho argentino y del derecho internacional, y mencionó especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El Gobierno advirtió que continuará utilizando las herramientas administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales que considere disponibles para impedir la explotación de recursos naturales que, desde la posición argentina, se realice sin las correspondientes autorizaciones.
La referencia a las resoluciones de Naciones Unidas
En su comunicado, la Cancillería también hizo referencia a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a la Argentina y al Reino Unido a acelerar las negociaciones sobre la disputa de soberanía y a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras continúa pendiente una solución pacífica.
Desde el Gobierno argentino señalaron que las actividades hidrocarburíferas impulsadas en torno al archipiélago constituyen, a su criterio, acciones unilaterales contrarias a ese marco internacional.
A pesar de la escalada de declaraciones, la Cancillería argentina reiteró su disposición a “entablar un diálogo constructivo y sustantivo” con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales orientadas a resolver la disputa de soberanía, en línea con la Resolución 2065 y otras resoluciones pertinentes de la ONU.
El Reino Unido, en tanto, mantiene su posición de que la soberanía no será discutida salvo que los habitantes de las islas así lo decidan.
