El Gobierno de Javier Milei enviará la próxima semana al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa con la que busca endurecer las herramientas del Estado frente a las actividades petroleras y pesqueras que se desarrollan en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
El proyecto era ultimado por el canciller Pablo Quirno, el asesor presidencial Santiago Caputo y otros funcionarios, con la intención de que ingrese al Congreso durante la semana del 14 de septiembre. El objetivo oficial es que el debate parlamentario comience entre fines de septiembre y principios de octubre.


La propuesta busca, entre otros puntos, reforzar el alcance de la Ley 26.659, sancionada en 2011, que establece restricciones para compañías vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado.
Qué sanciones contempla el proyecto
Uno de los ejes centrales será el endurecimiento de las penalidades contra las empresas que desarrollen actividades económicas relacionadas con Malvinas.
Según la información difundida, el proyecto también contemplaría un “mecanismo de salida” destinado a las compañías que decidan abandonar los negocios petroleros o pesqueros autorizados por las autoridades de las islas. En esos casos, las empresas podrían obtener el levantamiento de las sanciones, como incentivo para retirarse de esas actividades.


La iniciativa buscaría de esta manera combinar sanciones más severas con una vía de salida para aquellas firmas que opten por dejar los proyectos cuestionados por la Argentina.
El anuncio de Milei ya tuvo consecuencias en el sector energético. Según la información difundida, tres multinacionales que operan en Vaca Muerta decidieron no participar de la extracción de hidrocarburos en el proyecto Sea Lion, mientras que las acciones de las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration sufrieron una caída.
También alcanzará a la actividad pesquera
El proyecto no estaría limitado al petróleo.
El Gobierno busca incorporar también a las actividades pesqueras realizadas sin concesión, permiso o autorización de la autoridad argentina dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva.
Entre las sanciones analizadas aparecen inhabilitaciones para operar en el país, decomiso de buques o de las capturas obtenidas y sanciones económicas severas. El alcance podría extenderse además a empresas vinculadas, filiales, accionistas y proveedores que brinden apoyo logístico u operativo a las flotas involucradas.
Otra de las medidas bajo análisis es la posibilidad de impedir que las empresas sancionadas sean proveedoras del Estado o desarrollen determinadas actividades comerciales dentro del territorio nacional.
La cuestión pesquera también tiene una dimensión económica: según la información difundida, existe un importante movimiento comercial alrededor de las licencias otorgadas por las autoridades de las islas y la iniciativa argentina podría generar tensiones con otros países cuyos empresarios participan de esa actividad.
Qué pasará con los barcos que colaboren con las empresas
Otro de los puntos que analiza la Cancillería está relacionado con el control del Atlántico Sur.
El Gobierno estudia si determinados barcos que naveguen dentro de las 200 millas argentinas podrían ser considerados “hostiles” cuando hayan brindado previamente colaboración a empresas dedicadas a buscar petróleo o pescar en aguas de Malvinas.
La propuesta estaría vinculada con las facultades que actualmente tienen la Armada y la Prefectura Naval para vigilar y controlar la actividad marítima en la zona.
Uno de los casos que preocupa al Gobierno es el posible apoyo logístico de una empresa de navegación chilena a los operadores del proyecto Sea Lion.
Sin embargo, este punto todavía forma parte de la elaboración del proyecto y deberá quedar sujeto a las normas establecidas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Una nueva herramienta judicial
El proyecto también estudia incorporar una herramienta de fuerte impacto en el ámbito judicial: el juicio en ausencia para determinadas imputaciones vinculadas con violaciones a la soberanía nacional.
La aplicación de este mecanismo está siendo evaluada por funcionarios del Gobierno y se relaciona con una discusión jurídica que ya existe en torno a causas por delitos extremadamente graves, como el atentado contra la AMIA.
En este contexto, la Cámara Federal de Casación Penal comenzó a analizar la constitucionalidad del juicio en ausencia a partir de un planteo de las defensas de ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado de 1994.
Por ahora, la posibilidad de utilizar esta herramienta para causas vinculadas con la soberanía forma parte del proyecto en preparación y no de una normativa ya vigente.
La SIDE tendrá un lugar en el nuevo Consejo de Seguridad Nacional
Otro de los capítulos centrales será la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, pensado como un órgano de coordinación entre distintas áreas del Estado.
De acuerdo con la información difundida, el organismo estará integrado por representantes del Ministerio de Defensa, la Cancillería, el Ministerio de Seguridad y la SIDE. Entre sus objetivos figurarán la defensa de los intereses estratégicos argentinos en Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, además de la protección de infraestructura crítica, como las centrales nucleares.
La inclusión de la SIDE marca así una ampliación del enfoque oficial, que pretende abordar la cuestión de soberanía no solamente desde el plano diplomático o militar, sino también desde la seguridad y la inteligencia.
Más tecnología para controlar el Atlántico Sur
La nueva estrategia también contempla una mayor utilización de herramientas tecnológicas.
Después de que Milei planteara la necesidad de “incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones”, el Gobierno reasignó alrededor de $120.000 millones a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) mediante dos decretos de necesidad y urgencia.
La intención es que esa infraestructura contribuya a mejorar el seguimiento en tiempo real de los movimientos de barcos en el Atlántico Sur, proporcionando información más precisa a la Armada y la Prefectura.
De esta forma, la tecnología espacial y de comunicaciones se incorporaría como otro componente de la estrategia para reforzar el control sobre una zona considerada estratégica por el Gobierno.
Malvinas, petróleo y una ofensiva que ya está en los tribunales
La iniciativa legislativa llegará al Congreso mientras la administración de Milei ya avanzó contra las empresas vinculadas al desarrollo petrolero en las islas.
Esta semana, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal ante el juez federal Julián Ercolini contra compañías vinculadas con Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, además de sus directivos y representantes.
En paralelo, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por su presunta participación en tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.
La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, también interviene en una presentación realizada por excombatientes de la Guerra de Malvinas para intentar suspender la exploración petrolera de Sea Lion.
Ushuaia y la nueva estrategia en el Atlántico Sur
La nueva política también tiene un componente de infraestructura.
En los últimos días, Milei envió a Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti, a recorrer el predio donde se proyecta la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra pensada para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y mejorar la capacidad logística hacia la Antártida.
La futura instalación tendría un costo estimado de entre US$400 millones y US$500 millones, y el Gobierno también busca incorporar financiamiento para la Base Antártica Conjunta Petrel.
De esta manera, la nueva ley forma parte de un esquema más amplio que combina sanciones económicas, acciones judiciales, control marítimo, inteligencia, tecnología, Defensa y diplomacia.
Una nueva etapa en la política argentina sobre Malvinas
El proyecto que Milei enviará al Congreso representa un cambio importante en la manera en que su Gobierno busca abordar la cuestión Malvinas.
La iniciativa pretende darle nuevas herramientas al Estado para sancionar a empresas y operadores, controlar las actividades en el Atlántico Sur y fortalecer la presencia argentina en el extremo austral.
La discusión parlamentaria será ahora el próximo escenario para definir hasta dónde avanzará esta nueva política. Mientras tanto, la ofensiva del Gobierno ya comenzó a traducirse en denuncias judiciales, procedimientos sancionatorios, medidas de vigilancia y proyectos de infraestructura, en un momento en que la explotación de recursos en las islas volvió a ocupar un lugar central en la agenda nacional.