A 16 días del homicidio de José "Nity" Cuéllar, ocurrido tras una brutal golpiza dentro de un calabozo policial en Joaquín V. González, su familia apuntó contra la Policía y exigió investigar responsabilidades institucionales, al sostener que el detenido, quien era vendedor ambulante, debía estar custodiado y terminó golpeado hasta la muerte.
El abogado Pedro Brizuela, querellante en representación de la familia, reconstruyó a El Tribuno la secuencia de hechos y aseguró que todo comenzó el martes 27 de enero, cuando Cuellar, de 52 años, fue acusado en una ampliación de denuncia por abuso sexual con acceso carnal contra una menor y detenido por la noche.


Según explicó, inicialmente fue alojado en la comisaría de J.V González y posteriormente el juez de Garantías Héctor Guzmán ordenó su traslado a un destacamento policial en Piquete Cabado ante el riesgo de represalias, ya que vecinos habían intentado agredirlo.
El miércoles por la mañana, la familia contactó al abogado para que asumiera la defensa. Horas más tarde, alrededor de las 18.30, efectivos policiales se presentaron en la vivienda de la hermana del detenido, Ramona Cuéllar, hoy querellante en la causa, para informar que había fallecido.


Ese mismo día, por la mañana "José Cuellar había sido trasladado de Piquete Cabado a J. V. González para hacer el control de legalidad, durante el cual manifestó que había recibido dos trompadas en la cara por parte de un policía", afirmó Brizuela, quien aclaró que "están los nombres y apellidos de los efectivos pero no pueden difundirse porque esta en plena investigación esto".
Tras ese procedimiento fue derivado al hospital para una revisión médica. "El había manifestado que tenía esos golpes y existe una versión extraoficial, que falta corroborar, de que los policías habrían dicho que cuando lo habían cargado en el patrullero él se había golpeado", agregó.
Posteriormente regresó a Fiscalía para el decreto de imputación. El juez ordenó nuevamente su traslado a Piquete Cabado; sin embargo, terminó alojado en la comisaría de J.V González. "Los policías vienen y lo traen a la comisaría alegando después que no tenían un lugar, algunos dicen que no tenían patrullero para llevarlo, que estaban esperando y lo meten al calabozo", sostuvo.
El abogado sostuvo que, según testimonios, Cuellar fue introducido ahí una hora. "Le dan una golpiza, lo meten en el baño, le pegan con un palo y no garrotazos, sino con la punta, un palo que no tenía que haber estado ahí en el calabozo", afirmó.
Según el relato, el detenido fue sacado en grave estado. "Lo sacan destrozado, los policías lo tratan de reanimar. Dicen que habían llamado al hospital, pero que no había ambulancia y entonces deciden llevarlo en el patrullero, ya en estado inconsciente y fallece", precisó.
"Un adelanto de la autopsia realizada en el CIF de Salta, indicó múltiples fracturas en el cuerpo y el cráneo, estamos esperando el informe definitivo", sostuvo.
Hasta el momento hay siete reclusos imputados como coautores del delito de homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas.
De acuerdo con la reconstrucción del querellante, Cuéllar había sido alojado en una celda con condiciones de hacinamiento extremo. "Había alojado en ese calabozo, que es una celda de dos por dos o tres por dos, 35 personas. Algo totalmente en condiciones horripilantes", describió.
Mencionó que el Comité para la Prevención de la Tortura Salta visitó el lugar, mientras que durante una inspección ocular realizada por la querella detectaron irregularidades en los períodos de guardia.
Brizuela cuestionó la ausencia de pronunciamientos institucionales tras el hecho. "En ningún momento acusaron recibo, como si no hubiera pasado nada y se murió una persona en el calabozo, cuando estaba bajo la protección y la guardia de ellos", afirmó.
Según indicó, "no hubo declaraciones del comisario, ni de la unidad regional, ni del ministro de Seguridad".
También señaló que, según consta en el decreto de imputación, se habrían secuestrado borcegos pertenecientes al personal policial del turno, aunque se desconoce si los efectivos fueron separados preventivamente.
Brizuela planteó dudas sobre cómo los internos tomaron conocimiento de la acusación que pesaba sobre Cuellar antes de su ingreso. "La única forma es que el personal de policía lo haya comentado", señaló,
Ya se tomaron entre 10 y 12 declaraciones testimoniales, aunque algunas audiencias debieron reprogramarse el martes pasado por falta de sistema. En la causa intervienen los fiscales penales de Anta, María Celeste García Pisacic y César Saravia.
La querella también planteó cuestionamientos sobre las condiciones de detención y la presunta circulación de estupefacientes dentro del calabozo. "Surge de testigos que se consumía pasta base, marihuana, algunos dicen pastillas", expresó.
Para la familia, el eje del reclamo es determinar las responsabilidades policiales. "La responsabilidad objetiva la tienen de cajón, porque una persona que está bajo la guardia de ellos y muere implica un incumplimiento. El juez ordenó que lo lleven a Piquete Cabado y terminó en la comisaría donde le dieron la golpiza. La familia sostiene que lo entregaron y quiere Justicia", sostuvo.
Otro punto destacado por la querella es que la acusación que motivó la detención no habría sido corroborada por el examen médico legal. "El CIF de Salta dijo que (la víctima) no tenía lesiones compatibles con abuso sexual con acceso carnal", indicó, al tiempo que recordó que con la muerte del imputado la acción penal se extinguió.