Lidia Guerrero tiene 78 años y hace casi siete que no ve a su hijo. Víctor Saldaño, nacido en Córdoba capital, lleva 30 años en el corredor de la muerte de Estados Unidos, donde fue condenado dos veces a la pena capital por el asesinato de un hombre en Texas. En un extenso diálogo con TN, la mujer contó que sigue luchando para que se revisen las condiciones de detención y las decisiones judiciales que lo mantienen preso en condiciones extremas.
“Nunca dije que mi hijo fuera inocente, ni siquiera él lo dijo”, sostiene Lidia. Su reclamo, aclara, apunta en realidad a las irregularidades que denuncia en los juicios, a la discriminación racial reconocida por la Corte Suprema de Estados Unidos y a las condiciones en las que Víctor lleva décadas detenido.

La postura de la madre de Víctor Saldaño va más allá del caso de su hijo. Consultada por la situación de Christina Pike, también condenada a muerte en Estados Unidos y quien sobreviviera a una fallida ejecución en Tennessee el 30 de septiembre, fue contundente: “Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Es un asesinato hecho por el Estado. Es una cosa deliberada, una venganza. Humanamente, nunca estuve de acuerdo”.

Según comentó Lidia, su hijo llegó a pedir tres veces que lo ejecutaran porque no soportaba más el encierro. El consulado y otras personas de su entorno intervinieron para intentar convencerlo de que no avanzara con esos pedidos. La mujer también denunció que el aislamiento y las condiciones de detención agravaron su estado mental.

La última vez que lo vio fue en 2019, antes de la pandemia. Lidia viajaba a EE.UU. para visitarlo en cada cumpleaños, pero desde entonces las restricciones para viajar, las mudanzas y otras dificultades personales hicieron cada vez más complicado el contacto. En los últimos tiempos recibió dos cartas de Víctor. Él escribe poco, le dice que está bien, recuerda sus viajes por México y compone canciones sobre ese país. También le contó que ahora le permiten recibir algunos libros.
En uno de sus últimos contactos, lo notaba mentalmente deteriorado y angustiado. Víctor le decía que no soportaba más esa vida. Hasta el año pasado ni siquiera le permitían tener una maquinita de afeitar por temor a que intentara quitarse la vida.
Lidia no sabe si su hijo todavía tiene una radio, uno de los pocos vínculos que podía mantener con el mundo exterior. Según describió, la celda no tiene una ventana al exterior, sino un pequeño ventiluz cerca del techo. La comida llega a través de una abertura en la puerta y el contacto con otras personas es muy limitado. Para ella, esas condiciones constituyen una forma de tortura.
De la Escuela de Mecánica de la Armada a los viajes por América
Antes de quedar atrapado en el sistema judicial estadounidense, Víctor, que hoy tiene 54 años, llevaba una vida muy distinta. Según recordó su madre, estudiaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, tenía buenas notas y buena conducta. Su gran deseo era viajar y conocer el mundo.
Dejó sus estudios y empezó a recorrer distintas provincias argentinas. Después viajó a Brasil, donde visitó a su padre en Florianópolis, y siguió por Venezuela, Guyana Francesa, Colombia y México. Durante años mantuvo el contacto con su familia mediante cartas, aunque muchas veces no podían responderle porque no tenía una dirección fija.
Finalmente, cruzó de manera ilegal desde México hacia Estados Unidos. Tenía 23 años. En Texas consiguió trabajo en la construcción de casas de madera. Después se trasladó a Nueva York, donde vivió con un hombre cubano y pudo retomar el contacto telefónico con su familia. Tiempo más tarde volvió a Texas porque allí ganaba más dinero.
En una de sus últimas cartas antes de ser detenido, le contó a su madre que vivía en un barrio donde había otros inmigrantes indocumentados, que circulaban drogas y que muchas personas estaban armadas. Para Lidia, ese fue el contexto en el que su hijo entró en contacto con personas vinculadas al delito.
El crimen por el que fue condenado a muerte en Texas
En noviembre de 1995, Saldaño y su amigo mexicano Jorge Chávez asaltaron a Paul King, un vendedor de computadoras, en Texas. Según la reconstrucción del caso, lo obligaron a subir a un auto y lo llevaron hasta una zona boscosa frente al supermercado, donde lo habían sorprendido y lo mataron a balazos.
Juan Carlos Vega, abogado de Saldaño, aseguró que nunca se pudo determinar quién efectuó el disparo mortal y quién actuó como campana. Según explicó, Chávez hablaba mejor inglés que el argentino y llegó a un acuerdo con la fiscalía en el que señaló a Saldaño como el autor del homicidio. Vega cuestiona que en el primer juicio hubiera pruebas válidas para demostrar que su defendido había sido quien mató a King.
De acuerdo con la información que el abogado compartió sobre el caso, se efectuaron cinco disparos. Una de las reconstrucciones indica que uno impactó en la cabeza de la víctima a corta distancia, aunque Vega cuestionó la fiabilidad de los informes policiales de Texas. A King le robaron un reloj y unos 50 dólares. También utilizaron su auto y después lo abandonaron.
El 11 de julio de 1996, un jurado declaró culpable a Saldaño y lo condenó a muerte. Chávez, en cambio, recibió una pena de prisión perpetua.
Lidia no sostiene que su hijo sea inocente. Sabe muy bien que su hijo participó del asesinato. Sus cuestionamientos se centran en las irregularidades que denuncia en los procesos judiciales, la discriminación racial y las condiciones en las que permanece detenido.
La Corte Suprema anuló la primera condena por racismo
Uno de los puntos centrales del caso fue la evaluación de la peligrosidad futura de Saldaño, utilizada para fundamentar la pena de muerte. Durante el primer juicio, un psicólogo presentado por la fiscalía incluyó la raza como uno de los factores para determinar si el acusado podía volver a cometer delitos.
Según Vega, el protocolo utilizado contemplaba variables como la edad, el género y la raza. El abogado sostiene que ese criterio fue determinante para la condena y lo consideró un caso de racismo judicial.
En este sentido, Lidia, que estuvo presente en el juicio, reveló: “Cuando la fiscal pregunta si consideraba que Saldaño era peligroso para la sociedad, el psicólogo dijo que sí, ‘por ser Latino, de un país pobre y de una familia pobre’. Palabras textuales. Luego nos enteramos de que dijo que la fiscalía le pagaba para decir eso en los juicios. A causa de que revisaron el juicio, fueron revisados otros trece casos donde había actuado este psicólogo”.
Finalmente, en 2002, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la primera sentencia y ordenó que el caso volviera a los tribunales de Texas. La decisión estuvo relacionada con el uso de criterios raciales para evaluar la peligrosidad futura del acusado, un aspecto que había sido cuestionado por su defensa y por las autoridades judiciales, de acuerdo a lo que contó Vega.
El segundo juicio y el deterioro mental de Saldaño
En noviembre de 2004 se desarrolló un nuevo juicio para determinar la pena. El jurado volvió a condenar a Saldaño a muerte.
Vega sostuvo que el cordobés llegó al segundo juicio después de nueve años en el corredor de la muerte y con un deterioro mental tan grave que no estaba en condiciones de defenderse adecuadamente.
Lidia recordó que, durante el segundo juicio, su hijo se masturbó en plena audiencia, un episodio que -según contó- reflejaba el grave deterioro mental con el que había llegado a esa instancia: “Estaba perdido”.
Vega, en tanto, considera que la segunda condena también debería ser anulada, aunque por un motivo distinto al de la primera: mientras que la sentencia de 1996 estuvo marcada por el uso de criterios raciales, sostiene que en el segundo juicio Saldaño no tenía la competencia mental necesaria para defenderse.
El pedido para trasladarlo a una institución psiquiátrica y por qué no fue ejecutado
Según Vega, en 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó que Estados Unidos sacara a Saldaño del corredor de la muerte y lo trasladara a una institución psiquiátrica, debido al deterioro mental que denunciaban sus representantes.
El abogado afirmó en charla con TN que esa recomendación nunca se cumplió. También aseguró que ofrecieron la posibilidad de que Saldaño fuera trasladado a un centro psiquiátrico en la Argentina.
Vega sostuvo que el encierro prolongado agravó el estado de su defendido y que su permanencia en el corredor de la muerte no resulta compatible con su situación. Según su evaluación, el deterioro mental es muy grave y requiere atención especializada.
El reclamo ante la CIDH y la reparación económica
Junto con Lidia, Vega presentó un reclamo ante la CIDH para denunciar que Estados Unidos lleva años sin cumplir las recomendaciones vinculadas al caso. La presentación sostiene que el país debe reparar las violaciones a los derechos de Saldaño y adoptar medidas para resolver su situación.
Los representantes pidieron que la Comisión elabore un informe especial sobre el caso y lo presente ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). También solicitaron que se establezca una reparación económica y que se convoque una audiencia bilateral para buscar una solución.
En el escrito, el letrado y la madre de Víctor Saldaño estimaron los daños en US$10 millones, aunque afirmaron que aceptarían incluso una reparación simbólica de un dólar. El reclamo también cuestiona la falta de cumplimiento de las recomendaciones internacionales y apunta a la responsabilidad de Estados Unidos en la situación que atraviesa el argentino.
La presentación ante la CIDH es distinta del pedido que el abogado que representa a Saldaño ante la Justicia norteamericana, Benjamín Wolf, impulsó en 2026 ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que se revise la condena. En ese trámite, la defensa planteó, entre otros argumentos, la existencia de una posible discapacidad intelectual y de esquizofrenia anterior al crimen.
La lucha de una madre que no pierde la esperanza
“Nunca dije que mi hijo es inocente, ni él dijo que es inocente”, sostiene Lidia. Una pregunta que le hizo muchas veces a su abogado todavía la inquieta: si su hijo recibió dos veces la pena capital, ¿por qué todavía no lo ejecutaron? Vega sostiene que EE.UU. teme las consecuencias internacionales de llevar adelante la ejecución, después de que su máxima corte reconociera el componente racial que afectó la primera condena.
Pero para Lidia, detrás de esa disputa judicial está, sobre todo, el sufrimiento de su hijo. A sus 78 años, con problemas de visión y dificultades para leer y escribir, Lidia ya no puede viajar como antes ni mantener el mismo contacto con Víctor. Aun así, sigue pendiente de las noticias sobre su caso y espera que su situación tenga una respuesta.