La causa contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por las presuntas licitaciones irregulares de obra pública entre el 2003 y 2015 -tres administraciones kirchneristas- tuvo hoy la exposición del fiscal Diego Luciani, quien pronunció su hipótesis de que se habría montado "un aparato ilegal" para direccionar 51 construcciones en favor del empresario Lázaro Báez.
En concreto, se trató de la tercera audiencia, necesaria para obtener el alegato final de los fiscales, en el juicio que implica a la expresidenta y otros 12 acusados.
En su declaración, Luciani sostuvo: "Hemos encontrado direccionamiento hacia las empresas de Lázaro Báez, desde la 1 hasta la 51". La compañía de Báez se llama Austral Construcciones, pero también hay otras firmas involucradas, como Kank y Costilla.
Luciani expuso sus averiguaciones
El funcionario judicial -que no puede emitir un fallo y solo se limita al rol de acusador- hizo hincapié en las primeras licitaciones adjudicadas, cuando Cristina Kirchner acababa de llegar a la Presidencia.
Una de ellas es la licitación número 39: "Se encuentra plagada de los mismos vicios que vimos en casos anteriores. Mismo representante técnico, aprobaciones ad referéndum, falta de presentación de certificación. Un plazo de 25 meses pasó a ser de 74 meses", mencionó.
Según sus averiguaciones, es la "primera obra adjudicada en el Gobierno de Cristina Fernández y nunca pasó por el Congreso", licitándose "con una celeridad inusitada". Así, el fiscal calcula que el monto de la obra equivalía a 39 millones de dólares, al tipo de cambio de ese entonces, en el 2008.
También mencionó otro ejemplo de una obra inconclusa: "Debió realizarse en 36 meses, tardó 90 meses, se constataron sobreprecios, abandonaron la obra y se convocó a una nueva licitación".
Luciani insistió: "Hubo desvío de ingentes sumas de dinero hacia Lázaro Báez, se buscó encubrir la falta de capacidad de la empresa, en una maniobra grosera". El martes, en su segundo día de alegato, ya había dicho que en Santa Cruz hubo un "direccionamiento grosero inadmisible".
El juicio contra Cristina Kirchner se desarrolla de forma semipresencial, aunque la política se ausentó por su agenda parlamentaria en el Senado, habiendo sido autorizada. El resto, participó por Zoom.
#TodosConCristina, la consigna para repudiar el 'lawfare'
Frente a este avance judicial contra la líder más popular del peronismo, dirigentes progresistas expresaron su repudio en redes sociales con el hashtag "#TodosConCristina", al considerar que se trata de una persecución judicial, mediática y política. De hecho, organismos de derechos humanos denunciaron "prácticas judiciales persecutorias hacia líderes políticos".
En concreto, consideran que las causas judiciales contra Kirchner van en sintonía con los juicios afrontados por Rafael Correa en Ecuador y Lula da Silva en Brasil, limitando sus aspiraciones presidenciales a pesar de liderar las encuestas.
Así, el Grupo de Puebla, que agrupa a importantes dirigentes latinoamericanos progesistas, no dudó en afirmar que Kirchner es víctima de una "guerra jurídica (lawfare)". Esto, porque el litigio que afronta es "un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos".
Juntos por el Cambio celebra
En cambio, varios dirigentes de Juntos por el Cambio festejan cómo avanza el caso en contra de Kirchner.
María Eugenia Vidal fue una de las primeras en comentarlo: "En una Argentina que se desangra, es reparador ver que llegó el juicio y que hay personas en el Poder Judicial dispuestas a hacer su trabajo sin importar quién esté en el banquillo".
La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, una de las denunciantes de los casos que se investigan, expresó: "Gracias a todo el equipo de la Coalición Cívica ARI, en especial a su jefa de investigación, Paula Olivetto, porque investigaron desde el año 2004 y concretamos la denuncia en el año 2008. La perseverancia es invencible".
