La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió este miércoles presentar una acción judicial para exigir que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, recientemente promulgada pero aún sin aplicación efectiva.
La medida fue aprobada por resolución unánime del Consejo Superior de la institución, que cuestionó al Gobierno por haber promulgado la ley pero suspendido su implementación, bajo el argumento de que el Congreso aún no determinó las fuentes de financiamiento correspondientes.
En su decisión, la UBA dispuso reclamar judicialmente la asignación urgente de los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales que garantizan la educación pública y la autonomía universitaria.
“Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”, señala el texto aprobado.
El documento también advierte que la suspensión “vulnera derechos constitucionalmente establecidos” y “afecta al sistema universitario y a su comunidad al impedir el acceso al financiamiento necesario y a la recomposición salarial prevista en la norma”.
El Consejo Superior destacó que la medida busca “garantizar la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática”, en un contexto de creciente tensión entre las universidades nacionales y el Poder Ejecutivo por el ajuste presupuestario y la falta de actualización de partidas.
