El organismo conducido por Carlos Zannini efectuó una presentación en la Sala B de la Cámara Comercial en la que se advierte “la existencia de una serie de irregularidades que tienen entidad suficiente para lesionar seriamente” los intereses del Estado, ya que es el principal acreedor del Correo Argentino.


Además desde la Procuración se avaló el pedido que hizo la fiscal Gabriela Boquín de intervención y desplazamiento de las autoridades de la firma con la finalidad de impedir que continúe su vaciamiento.
Boquín fue quien rechazó por abusivo el acuerdo que el Gobierno de Mauricio Macri quiso homologar para hacer una quita de 70 mil millones de pesos de deuda que el Correo Argentino mantiene con el Estado Nacional. Recordemos que la familia del ex presidente continúa al frente de la empresa.
La posición de la fiscal y del Estado se da en el marco del procedimiento de apertura del “cramdown” o salvataje de la empresa concursada, algo que la familia Macri quiere impedir a través de los recursos interpuestos.
En el escrito presentado por la Procuración argumenta que “existen sobrados elementos que dan cuenta de graves irregularidades cometidas por la administración de la concursada a lo largo de este dilatado proceso”.