Claudia Noemí Insaurralde, la pareja del empresario Lázaro Báez, fue trasladada el pasado domingo a la cárcel de Ezeiza para cumplir con la prisión preventiva dictada por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez.
La defensa de Insaurralde presentó un escrito solicitando que la mujer cumpla arresto domiciliario en una vivienda de San Vicente. La defensa negó que Insaurralde hubiera intentado fugarse y argumentó que es paciente oncológica, además de ser madre de dos hijos menores de 13 y 15 años, quienes no estarían recibiendo el cuidado adecuado.
En cuanto a su estado de salud, la defensa acompañó informes que acreditaron que Insaurralde había padecido un carcinoma mamario en 2024, por el cual recibió tratamientos de quimioterapia, radioterapia e intervenciones quirúrgicas.
Insaurralde fue detenida el lunes anterior junto a otras dos personas, C. Ibáñez y V. Devetac, con quienes había viajado desde Río Gallegos. Esta medida se llevó a cabo un día después de que se realizaran 27 allanamientos en propiedades vinculadas al empresario.
A Lázaro Báez se le notificó sobre la detención de su pareja mientras se encontraba en la cárcel. Además, su celda fue allanada y quedó incomunicado. La causa investiga una organización dedicada a la administración, explotación y circulación de bienes de origen ilícito. Según la hipótesis del fiscal Julio Zárate, Báez daba órdenes por teléfono desde la cárcel para continuar manejando su patrimonio, a pesar de los decomisos y embargos.
El caso se relacionó con dos expedientes que investigan posibles maniobras de lavado de dinero y narcotráfico, además de otros delitos vinculados a la administración de los bienes de Báez, quien permanece detenido en el penal de Ezeiza.
La defensa de Insaurralde negó cualquier intención de fuga y sostuvo que el regreso a Buenos Aires estaba programado. Refutó la afirmación del fiscal sobre la falta de arraigo, al señalar que las permanencias en Santa Cruz fueron temporales, debido a visitas familiares y gestiones, y que los hijos asisten a la escuela en San Vicente. El inmueble propuesto para la prisión domiciliaria ya había sido declarado apto por la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, donde Báez cumplió una medida similar sin incidentes.
Los procedimientos también tuvieron consecuencias en Río Gallegos, donde otras cuatro personas fueron detenidas. Durante los operativos se incautaron cerca de 30 vehículos, así como cocaína, marihuana, armas de fuego y documentación considerada relevante para la investigación.
