La Justicia rechazó un pedido del policía Luis Chocobar, acusado por el crimen de un joven que en 2017 asaltó y apuñaló a un turista norteamericano en el barrio de La Boca, para ser juzgado por un jurado popular.

El Tribunal Oral de menores número 2, que llevará adelante el debate, argumentó que si bien el juicio por jurados se ha reglamentado en distintas provincias, como Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, entre otras, aún no se concretó para el ordenamiento nacional procesal, “pese a una tendencia definida hacia ese objetivo”. Remarcó que “todas las alusiones constitucionales respecto del juicio por jurados son programáticas hacia futuro”, al recordar que el artículo 24 de la Constitución Nacional establece que el Congreso “promoverá” el establecimiento del juicio por jurados.

El fallo señaló que en aquellas jurisdicciones que no tienen previsto dicho mecanismo en su actual legislación, los enjuiciados quedarán obligatoriamente sometidos al juzgamiento de jueces profesionales, esto es , sin opción al juicio por jurados, según precedentes de la Corte.

Para el Tribunal, “el juicio por jurados no ha de ser pensado como un derecho exclusivo del acusado y por ende renunciable, sino como un modelo institucional de administración de justicia que evidencia la participación del pueblo. Se trata pues, no tanto del derecho de un individuo a ser juzgado por sus pares, sino esencialmente del derecho popular a juzgar”.

El fallo remite a una sentencia de la Corte que dice que “el Congreso Federal ha incumplido el mandato constitucional de proceder a la instauración del mecanismo de enjuiciamiento por jurados en el ámbito jurisdiccional del Poder Judicial de la Nación, sin que se le haya impuesto el deber de proceder de modo inmediato a ello”.

Para finalizar, los jueces del tribunal Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete dijeron que “el peticionante Chocobar no ha demostrado en forma particularizada y concreta los fundamentos del temor de parcialidad e ineptitud de los aquí firmantes como juzgadores designados durante el mes de febrero de 2019 para dilucidar su situación jurídica en el hecho que se le intima conforme el mecanismo de enjuiciamiento vigente”.