La fundadora de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, junto a cuatro legisladores porteños de esa fuerza, presentaron una denuncia penal contra el juez Roberto Gallardo por su decisión de ordenar el mes último a la Ciudad que concluyera el operativo policial de custodia de la vicepresidenta Cristina Kirchner frente a su domicilio de Recoleta.
Según difundió la CC en un comunicado, Carrió y los legisladores Cecilia Ferrero; Facundo del Gaiso; Hernán Reyes y Lucía Romano presentaron este miércoles una denuncia penal contra Gallardo por "haber cometido los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso con el delito de prevaricato".

El 29 de agosto, luego de que manifestantes que habían llegado a Recoleta para apoyar a la exmandataria fueran reprimidos por la policía porteña, Gallardo había ordenado al jefe de Gobierno Horacio Rodríquez Larreta que "cese de forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia" del domicilio de la vicepresidenta.
El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 2 de la ciudad de Buenos Aires había dispuesto la medida cautelar en el marco del trámite de una serie de recursos de amparo presentados dirigentes del Frente de Todos, después de los incidentes que esos días había concluido con manifestantes y policías heridos, tras el cuestionado vallado de la zona.

Sin embargo la Ciudad apeló ese fallo y recusó a Gallardo por supuesta "falta de imparcialidad". El magistrado rechazó enseguida dicha recusación al entender que los argumentos eran "improcedentes y carentes de sustento fáctico" y jurídico.
Finalmente esta semana la legisladora porteña Ofelia Fernández (FdT) recusó a los tres camaristas que integran la sala que debe resolver si el juez continúa con el trámite de la causa.

En este contexto, los referentes de la CC afirmaron en un comunicado difundido hoy que "el juez Gallardo viola de manera flagrante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires".
Para las filas de Carrió, "su resolución es contraria a la Constitución Nacional, a la de la Ciudad de Buenos Aires, de normativa nacional y local" y las "consecuencias generadas de la decisión adoptada por Gallardo resultó perjudicial para la Vicepresidenta y para los ciudadanos del Barrio de Recoleta, por la vulneración sistemática de sus derechos constitucionales al generar un estado de indefensión y extrema vulnerabilidad", según sostiene el texto presentado en la Justicia.