¿Se puede dialogar con el Gobierno y, a la vez, protestar en la calle contra ese mismo Gobierno? La CGT lo hará posible: su máxima dirigencia está a punto de convocar a una movilización para el 7 de agosto, con motivo de San Cayetano, que tendrá un fuerte sesgo opositor, sin dejar de participar del Consejo de Mayo, con funcionarios libertarios, gobernadores, legisladores y empresarios, donde se buscan acuerdos sobre la modernización laboral, entre otros temas.
Será todo un desafío para la CGT tener un pie en cada vereda, aunque también podría suceder algo similar en su relación con Axel Kicillof: en la reunión de este viernes, una comitiva cegetista le llevó el apoyo a su proyecto político, pero se fue con la amarga certeza de que le bajarán de 3 a uno los lugares en la lista de candidatos a diputado nacional en las elecciones del 26 de octubre.
En principio, la mesa chica de la CGT podría reunirse en los próximos días para formalizar la convocatoria a sumarse el 7 de agosto a la marcha que desde 2016 realizan los movimientos sociales a la iglesia de San Cayetano, en Liniers, heredera de la movilización que la CGT de Saúl Ubaldini realizó contra la dictadura el 7 de noviembre de 1981, con la consigna “Pan, paz y trabajo”.
¿Por qué los líderes sindicales darán una clara señal opositora en medio del diálogo con la administración libertaria? “Hasta ahora no logramos nada porque el Gobierno no da muestras de querer negociar e incluso nos enteramos por los diarios de medidas como el cierre de Vialidad”, se quejó a Infobae un jefe cegetista.
La dirigencia de la CGT, por un lado olfatea una oportunidad de desgastar a la Casa Rosada luego de la fuerte pelea de Javier Milei con los gobernadores y la zozobra de los proyectos oficiales en el Congreso. Al mismo tiempo, la CGT quiere evitar que el ala dura sindical la siga corriendo por izquierda con protestas como la marcha contra Federico Sturzenegger y las 30 ollas populares instaladas en Plaza Constitución.
Por eso la cúpula de la CGT resolvió subirse a la marcha a San Cayetano para recuperar el reflejo opositor y darle un mensaje tanto al Gobierno como a sus rivales internos. No parece casual: la movilización del 7 de agosto ya había sido resuelta por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que capitanea la postura sindical más dura y armó una suerte de central obrera paralela con la creación del Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, junto con las dos CTA, la UTEP y los movimientos sociales.
Los cuestionamientos a la conducción cegetista porque no hace un paro contra el Gobierno, surgidos en la marcha contra Sturzenegger detonaron a fines de junio una áspera reunión de la mesa chica de la CGT, en donde varios dirigentes le reprocharon ese matiz crítico al titular de la CATT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento). Uno de los apuntados fue el secretario del Interior de la CGT, Abel Furlán, enrolado en el kirchnerismo, quien había emplazado a la central obrera a lanzar en forma urgente un paro general “contra el ajuste y la proscripción de Cristina Kirchner”.
En medio de esas presiones internas, la CGT ratificó su decisión de que Gerardo Martínez (UOCRA) participe del Consejo de Mayo, donde este líder sindical viene consensuando posiciones con el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, para impedir que el Gobierno tome la iniciativa con proyectos que pueden ser más ríspidos y controvertidos.
En principio, la CGT y la UIA plantearán una postura conjunta en un tema en el que habitualmente el sindicalismo no se mete: cómo bajar el costo argentino, es decir, cómo evitar que se incrementen los costos locales por el impacto de los impuestos. Todo comenzó cuando Rappallini le envió a Martínez el link de una entrevista que le hicieron a Claudio Drescher, creador de CaroCuore y titular de la Cámara de Indumentaria, quien reveló que un producto de su firma fabricado aquí se vende más barato en Chile que en la Argentina. “Lo que acá vale 100 de mi marca en Chile cuesta 85”, graficó.
El empresario le echó la culpa a algo que todos saben, pero nadie modifica: afuera no existe el costo financiero de las cuotas, el IVA, ingresos brutos, el impuesto al cheque y el costo financiero del 8% en vez del 35% real, según detalló. La idea del bloque CGT-UIA es reclamarle al Gobierno que sea el Estado el que alivie esa ecuación, pero, como advierte el líder de la UOCRA, sin tocar los derechos laborales. Según su visión, el famoso costo laboral no influiría en esta disparidad e incluso asegura que Rappallini comparte la postura que sostiene a rajatabla la CGT: “El costo argentino no incluye el salario ni los derechos constituidos”.
Mientras, el otro desafío que afronta la CGT quedó al desnudo en la reunión que tuvo con Axel Kicillof en La Plata: hasta ahora, el gobernador les había prometido 3 lugares entre los primeros 7 de la lista de candidatos a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, pero, a partir del acuerdo en el PJ que derivó en el frente Fuerza Patria, la central obrera tendría sólo uno.
Ese escenario precipitará un debate interno en la central obrera: aunque presionaba por más espacios en las listas para tener un bloque sindical numeroso en el Congreso, ahora deberá conformarse con un único lugar en la nómina de diputados para octubre. ¿Quién será el elegido? ¿Será Héctor Daer, quien anunció que no iba a seguir en el triunvirato cegetista y luego decidió no competir por su reelección en ATSA Buenos Aires?
Daer tendría el aval del resto de los sectores de la central obrera, pero no sería el único sindicalista que accedería a un lugar en la lista de diputados nacionales. Cada sector interno del peronismo tendrá sus espacios en las listas de Fuerza Patria y decidirá cómo los distribuye. Por eso dicen que el líder de Sanidad sería el dirigente propuesto por Kicillof, mientras que Cristina Kirchner elegiría a Sergio Palazzo, el titular de la Asociación Bancaria, cuya banca de diputado vencerá en diciembre. Habrá que ver qué pasa con Vanesa Siley (SITRAJU), leal a la ex vicepresidenta, cuyo mandato de diputado nacional también vence a fines de año y es clave para el kirchnerismo: integra el Consejo de la Magistratura.
Hasta ahora, Sergio Massa no llevaría el nombre de ningún sindicalista a la mesa de negociaciones con Kicilof y Máximo Kirchner para las nóminas de candidatos. En su entorno deslizaron que el líder del Frente Renovador sólo tiene una deuda de gratitud con 4 o 5 dirigentes y con algunos incluso arrastra una particular enemistad desde su gestión como ministro de Economía.
El gobernador también afronta su propio desafío en las filas sindicales: cómo conformar a los sectores que quedarán afuera de las listas de candidatos. Aunque el nombre de Daer surja por consenso en la CGT, la lógica indica que Kicillof debería compensar a Hugo Moyano (Camioneros), que busca una banca para uno de sus hijos (Facundo o Hugo Antonio), y también a Luis Barrionuevo (gastronómicos), que negocia con el mandatario provincial desde la plataforma de su nuevo partido, Trabaj.ar, que lanzó con varios aliados gremiales.
¿Kicillof abrirá su gabinete para hacerle honor a su acuerdo con el amplio espectro interno de la CGT? Incorporar cuadros propios al gobierno bonaerense es la expectativa que tienen algunos sindicalistas, resignados a que tendrán un solo lugar en la lista de diputados nacionales, aunque existe la promesa de una participación “amplia y activa” en el armado electoral para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y los comicios nacionales del 26 de octubre.
Para la votación en la Provincia, de todas formas, la CGT reclamará a los intendentes espacios en las listas legislativas, así como lo hará en cada sitio en donde la central obrera haya normalizado sus regionales.
“No queremos limitarnos a sacar a la militancia a pintar paredes y a fiscalizar las elecciones; queremos recuperar poder”, advierten en la CGT, casi como un ruego. Y con la íntima sospecha de que, una vez más, no lo conseguirá.
