Nuevamente una causa fue elevada a juicio sin que se realizaran todas las pruebas solicitadas por las defensas y otras ordenadas en su momento por la Cámara Federal. Esta vez la del Gas Natural Licuado, expediente cuestionado por una pericia que fue falsa, y que llega a debate cuando aún quedan pendientes medidas que se consideran sustanciales.


Sin que se realizaran todas las pruebas solicitadas por los imputados y otras ordenadas por la Cámara Federal, la causa por supuestas irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado (GNL), la misma basada en una pericia trucha, ya está en un tribunal oral desde fin de noviembre, cuando el juez Claudio Bonadio elevó el caso a juicio.

Bonadio en esa resolución firmada el 29 de noviembre de 2019 escribió: “que resten medidas por producirse en la causa no resulta ser un obstáculo para elevar las actuaciones a Juicio respecto de los imputados, quiénes se encuentran procesados por este Tribunal, con la confirmación del Superior; sin perjuicio de que las restantes diligencias puedan llegar a complementar el caudal probatorio ya reunido”.

Estos últimos años la justicia se acostumbró a mandar a juicio causas sin todas las pruebas, lo que luego acarrea inevitablemente pedidos de nulidades de todo el expediente y hasta de la suspensión de los juicios.

Ya lo han dicho abogados prestigiosos en otras causas, como en el de la obra pública: "No puede hacerse el juicio sin la instrucción completa”.

La causa GNL estuvo plagada de irregularidades desde el comenzó, el inolvidable estudio a cargo del perito David Cohen, quien irá a juicio por falso testimonio por mentir al afirmar que había habido sobreprecios en la compra. En la causa, el fiscal Carlos Stornelli introdujo las declaraciones de un falso abogado, el conocido Marcelo D'Alessio.

El 29 de noviembre el juez Bonadio decidió cerrar parcialmente la instrucción de la causa y elevarla a juicio. Varias defensas habían solicitado la nulidad del dictamen del fiscal Carlos Stornelli a favor del juicio, ya que aún restaban medidas de prueba. Ello hace al derecho de defensa de los imputados del caso, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su ex mano derecha Roberto Baratta.

Por su parte, la defensa de José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi San Martino (acusados por su rol como intermediarios de ENARSA y empresas proveedoras de GNL) consideró que aún no se produjo la prueba ordenada por la Cámara Federal, “la que resulta necesaria a efectos de resolver sobre el fondo de los hechos y su resultado puede incidir en la desvinculación de los imputados de este proceso”.

La defensa de De Vido considera también que aún no se produjo la prueba ordenada por el Superior (la Cámara). Asimismo en lo que respecta al requerimiento Fiscal, argumentó que “aún no logra advertir cuál es la conducta específicamente reprochada a su defendido y que carece de una imputación clara, precisa y circunstanciada”.

Pruebas determinantes solicitadas: La defensa de Baratta había pedido la declaración testimonial de los peritos oficiales que intervinieron en último estudio que se hizo en el caso, porque la información brindada no era completa. Para los letrados, los peritos debían señalar expresamente sobre documentación faltante que les impedía pronunciarse sobre las compras de GNL anteriores a 2012.

La pericia válida determinó que entre 2008 y antes de 2012 no se encontró la documentación necesaria para analizar si se pagó de más por el gas importado.
Es decir que el juez había utilizado como prueba un “informe cuyas conclusiones no resultan concluyentes”, sostuvieron los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, defensores de Roberto Baratta.

Otra de las cuestiones que para la defensa no se ha resuelto aún y que se considera necesaria para posibilitar el avance de la causa a la etapa del juicio, era requerir a los peritos que comparen el precio unitario de los distintos contratos de compra de GNL desde 2008 a 2012, teniendo en cuenta la fecha de estos acuerdos y no la fecha de descarga, “así como todo otro dato a fin de determinar la razonabilidad o no de los valores estipulados en los contratos suscriptos por ENARSA”.

Para el juez la instrucción está completa respecto de los imputados, rechazó las oposiciones de los defensores, y envió a juicio a De Vido, Baratta, Dromi, Dromi San Martino y a Exequiel Espinosa por administración fraudulenta.

La causa ya está en el Tribunal oral Federal 7, el que tiene el expediente de los cuadernos justamente por la conexidad que decidieron Bonadio y Stornelli en una maniobra de “fórum shopping” según denunciaron las defensas desde el comienzo.