La Armada Argentina apartó de sus funciones a diez militares involucrados en la investigación interna por las irregularidades detectadas en el sistema de liquidación de haberes y abrió un procedimiento disciplinario que podría terminar con la destitución de los responsables.
La decisión fue adoptada por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, luego de que la investigación administrativa permitiera reconstruir 645 acreditaciones indebidas a 23 beneficiarios por un total de $981.148.567,88, correspondientes al período comprendido entre julio de 2022 y enero de 2026.
Según fuentes oficiales de la fuerza, diez de los 23 beneficiarios identificados son militares, mientras que los otros 13 son civiles o personas sin relación funcional con la Armada. Todos los efectivos alcanzados por las actuaciones fueron separados de las funciones que desempeñaban y quedaron sometidos, desde el 16 de septiembre, a un procedimiento disciplinario interno.
La medida no implica una destitución automática. La investigación fue encuadrada como una falta “gravísima” y deberá determinar, en cada caso, el grado de responsabilidad de los involucrados. La sanción máxima prevista dentro de este procedimiento es la expulsión de la fuerza.
En ese marco, ya fue designado un abogado militar para conducir la instrucción, mientras se conformarán las autoridades que deberán analizar las pruebas, recibir los descargos y determinar las eventuales sanciones.
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, intervino en el caso y dio instrucciones para avanzar con las medidas disciplinarias. El funcionario sostuvo públicamente que busca preservar la imagen institucional de la Armada y diferenciar a la fuerza de las conductas que están bajo investigación.
“Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes”, afirmó Presti al referirse al caso.
El ministro también explicó que había impartido órdenes a Romay para que se avance con un Consejo de Disciplina y con las medidas correspondientes. Sin embargo, el resultado final deberá surgir del procedimiento administrativo, en el que cada uno de los militares involucrados tendrá derecho a ejercer su defensa.
En paralelo se desarrolla la investigación judicial. La Armada presentó el 15 de septiembre una denuncia ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, para determinar si las maniobras investigadas constituyeron delitos y quiénes serían penalmente responsables.
La investigación interna comenzó a profundizarse a partir de febrero de 2026, cuando una revisión de la liquidación correspondiente a enero permitió detectar cinco acreditaciones incorrectas. Esos fondos fueron devueltos y, en ese momento, todavía no existían elementos suficientes para determinar que se tratara de un mecanismo deliberado.
A partir de esas primeras anomalías se reforzaron los controles. En marzo, Tesorería pasó a encargarse de la tramitación de las acreditaciones ante el Banco Nación, mientras que Contabilidad comenzó a realizar de manera independiente la conciliación de la cuenta utilizada para el pago de haberes.
El punto de inflexión se produjo en agosto, cuando nuevas revisiones de períodos anteriores detectaron pagos que no contaban con respaldo en los haberes liquidados. Entre ellos aparecieron acreditaciones a María del Carmen Prieto, esposa del entonces jefe del Departamento Revista, capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff.
Atanasoff fue relevado preventivamente y la Armada preservó los equipos informáticos utilizados para preparar los archivos enviados al Banco Nación, además de disponer una revisión de períodos anteriores.
Entre el 20 de agosto y el 14 de septiembre, la fuerza reconstruyó la operatoria, reunió información bancaria y avanzó con las actuaciones administrativas. El resultado permitió establecer que, durante más de tres años, se habían producido 645 acreditaciones indebidas por casi $1.000 millones.
Según la investigación, la maniobra aprovechaba el período existente entre el cierre de la liquidación mensual y el envío definitivo de los archivos al Banco Nación.
En ese intervalo podían existir pagos que debían ser bloqueados por distintas circunstancias, como bajas, retiros, fallecimientos o errores detectados durante los controles. Esos fondos debían ser posteriormente reintegrados a la Tesorería General de la Nación.
La pesquisa determinó que parte de esos recursos habría sido utilizada antes de su devolución para generar acreditaciones que no tenían respaldo en la liquidación de haberes.
En algunos casos se modificaba temporalmente el monto correspondiente a una persona y, en otros, se incorporaba directamente un pago inexistente en la liquidación original. Las modificaciones podían efectuarse antes del envío definitivo de los archivos bancarios y luego ser restituidas en el sistema.
La maniobra fue detectada al comparar las liquidaciones originales, los recibos de haberes, las distintas versiones de los archivos de pago y las confirmaciones bancarias.
De los 23 beneficiarios identificados, cuatro no tenían relación laboral ni funcional con la Armada. En conjunto, esas personas recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto histórico reconstruido.
Entre los principales beneficiarios aparece María del Carmen Prieto, quien recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86. También figuran Damián Andrés Santana, con 47 acreditaciones por $99.496.225,47, y Amalia Cristina Díaz, con 46 pagos por $91.978.048,38.
La investigación interna atribuye a Ariel Baltasar Atanasoff un papel central en la operatoria. De acuerdo con la documentación reunida, el entonces jefe del Departamento Revista habría reconocido conocer los pagos realizados a personas ajenas a la fuerza y señalado que las acreditaciones se efectuaban manualmente.
También se investigan situaciones vinculadas con otros integrantes de la Armada. Entre ellas aparece el caso del capitán de Corbeta Contador Roberto Eduardo Castro, quien habría percibido haberes en Argentina durante períodos en los que se encontraba destinado en el exterior.
Asimismo, fueron detectadas acreditaciones a Luana Magalí Piedigrossi, esposa de Castro, durante períodos en los que se encontraba de licencia sin goce de haberes.
La investigación también registró casos de integrantes que restituyeron las sumas cobradas en exceso. Entre ellos figuran los capitanes de Corbeta Contadores Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro, Cristian Sebastián Lobato y Juan Carlos Barrios.
Otros tres efectivos, Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni, también devolvieron las sumas recibidas indebidamente.
Hasta la presentación de la denuncia habían sido restituidos $42.574.267,63, por lo que permanecía una diferencia de $938.574.300,25 respecto del monto histórico detectado.
La Armada remarcó que el hecho de que una persona haya recibido una acreditación indebida no determina por sí mismo su responsabilidad. Tanto el procedimiento disciplinario como la investigación judicial deberán establecer qué conocimiento tenía cada beneficiario sobre el origen de los fondos y cuál fue su eventual participación en la maniobra.
La denuncia penal fue presentada por el capitán de Navío Contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, y puso a disposición de la Justicia documentación bancaria, informes técnicos, planillas, declaraciones administrativas y registros informáticos.
Ahora, la investigación quedó dividida en dos vías independientes: por un lado, la Armada deberá determinar las responsabilidades disciplinarias de los diez militares alcanzados y aplicar, si corresponde, las sanciones previstas por el régimen militar; por otro, la Justicia Federal deberá establecer si existieron delitos y quiénes son penalmente responsables.
La máxima sanción dentro del procedimiento militar es la destitución, pero su aplicación todavía no fue resuelta y dependerá del resultado de la instrucción y de los descargos de cada uno de los involucrados.
