El empresario Lázaro Báez, condenado por las causas Vialidad y la Ruta del Dinero K, enfrenta una nueva investigación judicial por presuntamente liderar desde la cárcel de Ezeiza una organización dedicada a administrar bienes embargados y realizar operaciones financieras fuera del control de la Justicia.
La acusación fue formalizada por la Unidad Fiscal de Río Gallegos, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Según la hipótesis de los investigadores, la estructura habría movilizado aproximadamente 390,8 millones de pesos mediante operaciones vinculadas con propiedades, establecimientos rurales y empresas del empresario.


Las pruebas incluyen escuchas telefónicas, movimientos bancarios y documentación secuestrada durante una serie de allanamientos. Los investigadores sostienen que Báez impartía instrucciones desde su celda mediante una línea telefónica registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal.
Entre los principales involucrados aparecen Claudia Insaurralde, pareja del empresario, y Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como "Budín", quien habría actuado como operador territorial de la organización. Ambos fueron detenidos en el aeropuerto de Ezeiza, en medio de sospechas sobre un posible intento de fuga.
Uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue una hoja encontrada en la celda de Báez con el título "EL CLAN", en la que figuraban nombres de personas vinculadas con la presunta estructura. También se encontraron contratos de alquiler y registros de deudas.


La investigación apunta especialmente a la explotación de estancias, propiedades inmobiliarias, alquileres y maquinaria que estaban alcanzados por embargos, decomisos o medidas judiciales. La fiscalía busca determinar si esos activos continuaron generando ganancias sin autorización.
Además, la causa tiene conexiones con otra investigación por presunto narcotráfico en Santa Cruz, debido a que uno de los principales colaboradores de Báez también está acusado de integrar una organización dedicada al transporte y comercialización de cocaína.
Por su parte, el entorno del empresario sostiene que las actividades de las propiedades y empresas se realizaban mediante administradores designados y con operaciones formalmente facturadas.
El juez federal Claudio Vázquez dispuso medidas de prisión preventiva y estableció un plazo de dos años para avanzar con las investigaciones. Báez quedó imputado por lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación, delitos que deberán ser esclarecidos durante el proceso judicial.