El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales sumó este viernes un nuevo capítulo en los tribunales, donde rectores y representantes del Gobierno nacional participaron de una audiencia convocada para intentar destrabar la aplicación de la Ley 27.795.
La reunión fue encabezada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, y finalizó pasadas las 13.
El encuentro había sido solicitado originalmente por la Universidad de Buenos Aires (UBA) ante la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y contó con la conformidad del Gobierno nacional.
Según fuentes que participaron de la audiencia, estuvieron presentes representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Durante la audiencia, cada una de las partes expuso su posición frente al conflicto, mientras que el magistrado tomó nota de los planteos realizados.
Cormick no adoptó ninguna decisión de fondo sobre el reclamo. Los argumentos y posiciones de los participantes quedaron registrados en un acta que fue firmada por los presentes.
La instancia judicial busca avanzar sobre el conflicto generado por la falta de implementación de algunos puntos de la Ley 27.795, que establece mecanismos de actualización salarial para trabajadores universitarios y contempla la recomposición de programas destinados a estudiantes.
La disputa se originó a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno nacional condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso durante 2025.
La norma había sido vetada por el presidente Javier Milei, pero posteriormente el Congreso logró insistir con el proyecto luego de obtener un amplio respaldo en ambas cámaras, en un contexto marcado además por movilizaciones de la comunidad universitaria.
Entre sus principales disposiciones, la ley contempla actualizaciones salariales y la recomposición de programas de becas estudiantiles, entre ellos el Progresar.
Ante la demora en la implementación, el CIN y los gremios docentes impulsaron un amparo colectivo que finalmente llegó a la Corte Suprema.
El conflicto tomó una nueva dimensión en junio, cuando la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795, vinculados con la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.
La decisión fue adoptada mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal continúa avanzando hacia una resolución sobre el fondo de la cuestión.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti mantuvieron de esta manera vigente la cautelar que había sido dictada en el marco del conflicto.
La disputa judicial se produce después de que el Gobierno nacional y las universidades alcanzaran en junio un acuerdo para incrementar los recursos destinados al sistema universitario.
El entendimiento contempló una suba del 24,33% para los salarios, un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas destinadas a hospitales universitarios, que alcanzaron los $50.000 millones.
Sin embargo, desde el sector universitario sostienen que esos avances no resuelven el reclamo por el cumplimiento integral de la Ley 27.795, motivo por el cual la controversia continúa en los tribunales.
La audiencia de este viernes representó así un nuevo intento de acercar posiciones entre las universidades y el Gobierno, aunque por ahora no hubo una resolución judicial que cierre el conflicto.
