El policía retirado Omar Alejandro Pintón, quien se desempeñara como administrador de la Unidad Regional II de Rosario diez años atrás, fue condenado a dos años y medio de prisión condicional por enriquecimiento ilícito. La pena emitida al término de un juicio oral incluye una multa de 2.300.000 pesos y el decomiso de los bienes adquiridos durante el período en el que se analizó su conducta delictiva así como de los que pueda haber obtenido por la venta de esos bienes.
El fallo del tribunal oral conformado por los jueces Pablo Pinto, Alejandro Negroni y Facundo Becerra también condena al ex funcionario policial, de 54 años, a una inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos y ordenó el embargo del 20% de su jubilación hasta cubrir multas y otras costas del juicio.
Si bien esperará conocer los fundamentos del fallo para analizar la resolución, en principio el fiscal Gozalo Fernández Bussy se mostró conforme con el fallo a pesar de que había pedido una pena de tres años de prisión efectiva. “Aunque no sabemos todavía qué porcentaje se de los bienes investigados se calculó para la multa, es importante como reparación”, sostuvo, y remarcó como inédito el decomiso de los bienes subrogantes que pueda haber comprado a partir de la venta de las propiedades que adquirió durante el período investigado.
Pintón fue jefe de Adminsitración y Finanzas de la Unidad Regional II entre diciembre de 2007 y abril de 2010. El cargo se conoce como “habilitado” y consiste en firmar la salida de dinero para partidas como reparación de móviles, gastos de combustible y racionamiento. Sin embargo la investigación de Asuntos Internos sobre su patrimonio comenzada en noviembre de 2008 a partir de un desafasaje entre sus ingresos y gastos puso el foco en su crecimiento patrimonial cuando era jefe del Departamento Judiciales de la Unidad Regional VI con asiento en Villa Constitución.
La investigación detectó que entre 2005 y 2008 el policía adquirió cinco propiedades, una moto de agua, una 4x4 Mitsubishi Montero y realizó viajes al exterior con su familia. Emplazado a justificar esas compras, Pintón dijo que los había obtenido a partir de un beneficio económico que recibía su abuela, ya fallecida, desde Italia.
Pero las pericias arrojaron que los gastos del funcionario no eran coincidentes con sus ingresos como policía y el caso fue derivado a la Justicia en 2012. En 2018 Pintón fue procesado por la jueza Delia Paleari y el año pasado, en la audiencia preliminar al juicio, revelaron que el informe contable realizado por un perito de la Corte arrojó un saldo negativo de 130 mil pesos a 2008. Un monto que, según calculan fuentes del caso, trasladado a la actualidad rondaría los tres millones de pesos.
Doce años después del comienzo de la investigación el pasado 19 de noviembre comenzó el juicio oral. Además de los tres años de cárcel, el fiscal solicitó la multa por el total del valor de los bienes adquiridos durante el período investigado. Finalmente los jueces fijaron la multa en 2.300.000 pesos.
Al margen de montos y multas, Fernández Bussy valoró el hecho del decomiso de los bienes que adquirió entre 2005 y 2008 y, especialmente, la posibilidad de analizar y decomisar los bienes subrogantes. En tal sentido, afirmó, el fallo habilita a la fiscalía a realizar una nueva investigación en ese sentido.