Con la cuarentena en marcha, la crisis que se había instalado en el país se profundizó en los bolsillos de los argentinos. El impacto económico se sintió en todas las clases sociales, pero eclosionó especialmente sobre la clase baja y media baja. En ese marco, el gobierno dispuso estirar el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, así como la prohibición de cortar luz, gas o agua a quienes no pagaran las factura (dentro de la población vulnerable y micro y pequeñas empresas). Esa medida rige hasta fines de este mes, pero desde el gobierno ya anunciaron que la extenderían si hace falta.

En ese marco, abril tuvo un pico de morosidad para las empresas distribuidoras. Por distintos motivos, casi 7 de cada 10 usuarios no pagó su factura. En alerta, las empresas protestaron ante el gobierno. En mayo, sin embargo, la cifra bajó considerablemente. Según pudo recoger Crónica, apenas 3 de cada 10 no logró abonar la tarifa de gas. En el caso de la luz fue menor aún: estimaron entre un 5 y un 10% de morosidad.
A pesar de la cuarentena, disminuyó la morosidad en el pago de tarifas.
Si bien días atrás trascendió un informe asegurando que el 70% de las familias sumaron alguna deuda en servicios públicos, las distribuidoras marcaron una recuperación el mes pasado. Se estima que los que no fueron cubiertos en su totalidad fueron otros como internet, televisión por cable y telefonía celular.

Recalculando
Pese a eso, las empresas temen que haya nuevos cambios en ese índice. Por un lado, la profundización de la cuarentena pulveriza los ahorros de quienes tenían algo guardado. Pero también por los ajustes que se vienen dando sobre las tarifas.
No se trata de un aumento avalado por el Ejecutivo, sino de la propia dinámica que se dio para calcular cuánto debe pagar cada uno. Por la pandemia, los empleados de las energéticas no estuvieron haciendo verificaciones, y en la mayoría de los casos se facturó un consumo estimado (aparece con una E en la boleta). De ahí que a muchos, especialmente los comercios, les llegaron cifras similares a las que tenían cuando estaban abiertos.
Por ese motivo, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad dispuso en una resolución que se volvieran a hacer las facturas, con un estimado del menor consumo del período de los últimos tres años. Como la situación no variaba considerablemente, se emitió otra medida para que los propietarios enviaran una captura de los medidores a la empresa encargada y solicitara la readecuación. Lo mismo sucedió con el gas, por disposición del ministerio de Energía.


Desde las empresas, sin embargo, consideran que el grado de incertidumbre sobre qué cobrar es alto. “Si uno estuvo en su casa, es posible que el consumo haya aumentado en el medidor, porque es parte del cambio que se dio en los hábitos”, dijeron a Crónica desde una de las distribuidoras de gas. “Pero si se fue a lo de un familiar para cuidarlo, entonces tampoco va a poder hacer el reclamo porque no se puede trasladar. Pero su consumo fue menor o nulo, con lo cual es posible que tampoco lo pague y espere para exigir la corrección”, agregaron. Recién ahora comenzaron a hacer la verificación real sobre los medidores. “El próximo período va a tener esa corrección, para mejor o para peor, pero va a ser más real lo que se va a facturar”.

La llave para lograr cobrar, sin recuperación económica, fue la apertura de más bocas de cobro: “una vez que se habilitaron los locales de pago de servicios la cosa mejoró mucho”, señalaron desde una de las empresas de luz. “Mucha gente también necesitó tiempo para confiar en el pago por internet y otras modalidades no presenciales”, añadieron.