El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre distintos bienes vinculados con los condenados en la Causa Vialidad. Entre los inmuebles alcanzados se encuentra el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La propiedad pertenece a Los Sauces S.A., la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner, y quedó incorporada al conjunto de activos sobre los que avanza la Justicia para garantizar el cumplimiento del decomiso establecido en la sentencia. El monto fijado para recuperar asciende a $685.000 millones.

Sin embargo, la decisión no supone por el momento que el departamento vaya a ser subastado ni implica un cambio inmediato en su titularidad. Por ese motivo, tampoco determina actualmente que Cristina Kirchner deba abandonar el domicilio, aunque la situación del inmueble abre el interrogante sobre qué podría ocurrir si posteriormente se concreta su decomiso.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso señalaron que las cautelares buscan asegurar la indisponibilidad jurídica de los bienes mientras continúa el procedimiento para establecer cuáles quedarán finalmente alcanzados por el decomiso.


La segunda etapa sobre los bienes de los condenados
La resolución se produjo en el marco de una segunda etapa de ejecución patrimonial de la sentencia. En una primera instancia, el fiscal Diego Luciani solicitó avanzar sobre 111 propiedades, pedido que posteriormente recibió el aval del TOF 2.
En noviembre, el tribunal dispuso el decomiso de 20 inmuebles relacionados con la familia Kirchner, 85 correspondientes a Lázaro Báez y sus empresas y otros seis pertenecientes al resto de los condenados.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó en febrero el criterio adoptado por el tribunal y ordenó avanzar con esas propiedades. Sin embargo, Cristina Kirchner y Lázaro Báez recurrieron la decisión, por lo que la definición sobre ese primer conjunto de activos quedó ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.
Mientras el máximo tribunal analiza esos recursos, el TOF 2 avanzó sobre una segunda tanda integrada por 144 bienes, entre propiedades y vehículos, además de participaciones accionarias en diferentes sociedades.
Dentro de las nuevas medidas también quedaron incluidos u$s5 millones que Florencia Kirchner tenía depositados en una caja de seguridad del Banco Galicia.
Por qué alcanzaron bienes de Máximo y Florencia Kirchner
Para extender las medidas sobre activos de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, los magistrados tomaron como fundamento las conclusiones de la sentencia condenatoria de la Causa Vialidad.
De acuerdo con el criterio del tribunal, la maniobra vinculada con la adjudicación de obra pública generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner. Los jueces señalaron que entre 2003 y 2015 existió una relación económica y comercial entre las compañías del empresario y los negocios familiares.
Durante ese período, las empresas relacionadas con Báez alquilaron propiedades, explotaron establecimientos turísticos y realizaron construcciones en hoteles e inmuebles pertenecientes a los Kirchner, tanto personalmente como mediante las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.

A partir de esa interpretación, los magistrados consideraron que el decomiso puede alcanzar los bienes incorporados por los nueve condenados a sus patrimonios durante el período comprendido entre 2003 y 2015. Las medidas preventivas buscan impedir que esos activos puedan ser dispuestos mientras se determina definitivamente su situación.
La resolución también se apoyó en el artículo 23 del Código Penal, que contempla la posibilidad de alcanzar a sociedades o personas jurídicas beneficiadas por el producto o provecho de un delito, así como determinados bienes o participaciones cedidos o transferidos gratuitamente a terceros.
De esta manera, el departamento de San José 1111 quedó cautelarmente alcanzado por el proceso de ejecución patrimonial de la condena, mientras el TOF 2 continúa con la segunda etapa sobre los activos y la Corte Suprema debe resolver los recursos presentados respecto del primer grupo de propiedades.