El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) decomisó un total de 26 toneladas de frutas frescas que eran transportadas desde Misiones hacia Tucumán sin cumplir con la normativa sanitaria vigente. El operativo de control de ruta se llevó a cabo en Gancedo, provincia del Chaco, y descubrió una serie de irregularidades que comprometían la seguridad sanitaria del cargamento.
La carga incautada consistía en una variedad de frutas y productos como uvas, mango, melón, cúrcuma, coco, ananá, sandía, pitaya, papaya, maracuyá, palta y jengibre. Durante la inspección, los agentes del Centro Regional Chaco-Formosa del SENASA encontraron serias discrepancias entre la documentación presentada y los productos transportados.
El Documento de Tránsito Vegetal Electrónico (DTV-e), que es un requisito obligatorio para la movilización de vegetales y productos de origen vegetal, no coincidía con los datos declarados, incluyendo origen, especie, categoría, variedad y cantidad de kilos. Además, varios productos no contaban con el DTV-e correspondiente, lo que representa una grave infracción que pone en riesgo la sanidad de los cultivos y productos nacionales.
Los inspectores también detectaron que algunos de los productos presentaban etiquetas extranjeras sin la certificación de importación obligatoria, lo que aumenta el riesgo de ingreso de plagas no presentes en el país, afectando así el estatus sanitario de Argentina.
La intervención del SENASA no se limitó al control de ruta. Gracias al sistema de fiscalización inteligente, que permite cruzar datos documentales y registros oficiales, los agentes realizaron una inspección en el establecimiento declarado como origen de la carga, ubicado en Campo Ramón (Misiones).
Al llegar al predio, los inspectores confirmaron que no existían los cultivos mencionados en la documentación. Además, el establecimiento no pertenecía al titular indicado y las condiciones agroclimáticas del área no eran adecuadas para la producción de las especies declaradas. Este hallazgo corroboró la falsedad de la documentación utilizada para movilizar la carga.
Ante las evidencias de las irregularidades, el SENASA suspendió el registro del establecimiento y ordenó la destrucción total de las 26 toneladas de frutas. Estas fueron clasificadas como productos de alto riesgo sanitario, lo que motivó la decisión de eliminar el cargamento para evitar cualquier tipo de contaminación.
