En el marco de un proceso de revisión de pensiones por discapacidad, el gobierno de Javier Milei ha dado de baja más de 100.000 pensiones no contributivas por discapacidad laboral, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló en una conferencia de prensa desde la Casa Rosada que, en total, 110.522 pensiones fueron suspendidas por haberse otorgado de manera irregular durante gestiones anteriores. Además, se eliminaron otras 8.107 pensiones correspondientes a personas fallecidas y unas 10.038 de individuos que renunciaron a los beneficios.
Adorni subrayó que este proceso de auditoría y revisión busca asegurar que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes realmente lo necesitan. Según el cálculo del Ejecutivo, estas bajas representan un ahorro de aproximadamente 35 mil millones de pesos mensuales para las arcas del Estado.
Entre los casos más llamativos de esta revisión, se destacó la repetición de estudios médicos, como radiografías, ecocardiogramas y mediciones de presión, en distintas solicitudes de pensión. En Tucumán, por ejemplo, se descubrió que un mismo estudio había sido utilizado para varias pensiones, mientras que en Chaco se presentó la misma radiografía de hombro en 150 pensiones por invalidez.
Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, ya había advertido previamente sobre la existencia de una actividad fraudulenta a gran escala en este sistema de pensiones, con un desvío de fondos estimado en unos 1.000 millones de dólares por año. Este escándalo, según las autoridades, revela un patrón de irregularidades y abusos en la asignación de pensiones, lo que justifica las medidas adoptadas por el gobierno.
Además, Adorni recordó que la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral creció de manera exponencial entre 2003 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas. En ese periodo, el número de pensiones pasó de 79.000 a 1.045.000. Aunque durante la gestión de Mauricio Macri, este número descendió a 1.026.000, la cifra volvió a incrementarse con la administración de Alberto Fernández, alcanzando los 1.222.000 pensiones en diciembre de 2023.
El vocero también comparó la situación de Argentina con la de otros países, como Israel, donde solo el 3,5% de la población activa recibe pensiones por discapacidad, frente al 4,6% en Argentina, un porcentaje que, según Adorni, “no corresponde a un país que no ha sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”.
Las suspensiones podrían transformarse en bajas definitivas si al finalizar el proceso no se demuestra que las personas afectadas cumplen con los requisitos necesarios para acceder a estos beneficios. Las auditorías están siendo realizadas por profesionales médicos del PAMI y personal de la ANDIS, y no incluyen a menores de edad ni a personas que ya fueron auditadas en 2024.
El gobierno también criticó fuertemente la postura del Congreso, que rechazó el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, un rechazo que, según Adorni, defiende un sistema corrupto que ha desviado fondos públicos. Además, se advirtió que la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para la Protección Social podría incrementar el gasto público en más de 2 billones de pesos en los próximos años.
En cuanto a las críticas, la ANDIS subrayó que las auditorías son un paso necesario para redirigir los recursos hacia quienes realmente lo necesitan y garantizar que el sistema sea más transparente y equitativo.
