El Gobierno decidió modificar las partidas presupuestarias para las universidades, luego de las auditorías pactadas a realizarse por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Sin embargo, previo a la confirmación oficial, quedaban dudas sobre si iba a estar destinado a los salarios o financiamiento. Según supo Ámbito, el anuncio iba a ser realizado por el bloque de La Libertad Avanza este miércoles a las 17.30 en el Salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados de la Nación, pero minutos antes fue suspendido.
De esta manera, la administración libertaria incrementará el presupuesto universitario, pero aplicará un fuerte recorte a los fondos que están destinados para las provincias.
A raíz de esto, los gobernadores comenzaron a presionar al Gobierno, quienes no veían con buenos ojos esa quita en medio del debate por el presupuesto, motivo por el cual el plan se trabó y derivó en la suspensión de la conferencia de prensa.
El debate en torno al financiamiento educativo es uno de los más conflictivos dentro del Presupuesto 2025, no sólo por la demanda universitaria sino también por el artículo 27 del proyecto que suspende el porcentaje mínimo de inversión que le corresponde al Sistema Nacional de Ciencia, de Educación Técnico Profesional y de Educación Nacional.
Además, esta decisión podría ir de la mano con postura del Gobierno sobre modificar la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (26.215), que fija las extensiones del Fondo Partidario Permanente. La intención del Poder Ejecutivo es “avanzar hacia un modelo como el norteamericano” apuntando, como sucede en los Estados Unidos, a que sean los adherentes a los partidos los que contribuyan con sus propios recursos a mantener las estructuras.
El Consejo Interuniversitario enfatizó el reclamo por un aumento de presupuestario para 2025
Luego de una nueva reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las autoridades exigieron un aumento de la partida prevista dentro del Presupuesto 2025 para poder contar con "una herramienta que dé previsibilidad a la gestión del sistema universitario".
El piso propuesto era del 6% del PBI, una meta que sólo se alcanzó en 2015 y que contempla también los gastos de las provincias. Además, el artículo 17 del proyecto de Presupuesto 2025 fija una suma en torno a los $3,8 billones para financiar "gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales".
La respuesta del CIN fue exigir casi el doble -$7,2 billones- a través de un comunicado en donde se retoma la discusión que se sostiene en las últimas semanas: los cálculos del Gobierno no contemplan el incremento salarial de los trabajadores universitarios, reclamo que continúa con medidas de fuerza.
''No hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria y la competencia de control de Sigen en el ámbito de las universidades nacionales", dijeron con respecto a las auditorías. Mediante un comunicado, el Ministerio de Capital Humano advirtió que "la Ley N° 24.521 de Educación Superior establece que las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la Ley 24.156".
En ese sentido, reclamaron garantizar "un plan de recomposición y recuperación salarial y la continuidad de los programas de asistencia a estudiantes, el funcionamiento de los espacios de formación, de producción científica y tecnológica y el desarrollo de líneas de extensión".
