El Gobierno de Javier Milei se prepara para avanzar con una nueva instancia internacional en el conflicto con el Reino Unido por la explotación petrolera en las inmediaciones de las Islas Malvinas. Este lunes 12 de octubre vence el plazo de dos semanas que la Argentina otorgó a Londres para detener las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion, mientras la Cancillería trabaja en una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.
La iniciativa busca que el organismo evalúe la posibilidad de dictar medidas provisionales para impedir que el emprendimiento avance mientras se desarrolla el arbitraje internacional iniciado por la Argentina. Sin embargo, la decisión de recurrir a esta vía también abrió interrogantes entre especialistas en derecho internacional, que advierten sobre las dificultades para encuadrar el reclamo sin involucrar directamente la disputa por la soberanía del archipiélago.

El plazo fijado por el Gobierno no implica que el tribunal vaya a intervenir automáticamente. Para avanzar, la Argentina deberá formalizar su solicitud, fundamentar la urgencia de las medidas requeridas y demostrar que existen razones jurídicas para que el organismo actúe antes de que se constituya el tribunal arbitral que resolverá la controversia de fondo.
Cómo será la estrategia jurídica de la Argentina
El 28 de septiembre, la Oficina del Presidente anunció que Milei había instruido a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido, de acuerdo con el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
La intención es impedir el avance de las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte a través del proyecto Sea Lion y cuestionar otras decisiones relacionadas con la explotación de recursos naturales en la plataforma continental que la Argentina considera bajo su soberanía.

En ese mismo comunicado, el Ejecutivo informó que había intimado formalmente al Gobierno británico para que adoptara medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de esas operaciones. También anticipó que, si el requerimiento no era atendido dentro de las dos semanas, solicitaría medidas provisionales ante el Tribunal del Mar.
La estrategia comprende dos instancias diferenciadas. Por un lado, el arbitraje internacional previsto en la CONVEMAR, que requiere la conformación de un tribunal específico para resolver la controversia. Por otro, la posibilidad de acudir al organismo con sede en Hamburgo para solicitar medidas urgentes mientras se constituye ese tribunal.
Esta segunda vía es la que concentra las expectativas inmediatas de la administración de Milei. El procedimiento arbitral de fondo puede extenderse durante años, mientras que una solicitud de medidas provisionales busca obtener una respuesta en un plazo menor.
No obstante, la presentación no garantiza una decisión favorable. Los jueces deberán evaluar si existe una base suficiente para considerar que el tribunal arbitral tendrá competencia sobre el caso y si las circunstancias justifican una intervención urgente.
Qué es el proyecto petrolero Sea Lion
El emprendimiento que originó la disputa es desarrollado por Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas.
Según los planes de las compañías, la primera producción comercial de petróleo está prevista para 2028. El desarrollo contempla pozos submarinos y una unidad flotante destinada a procesar, almacenar y descargar el crudo.
La Argentina sostiene que las actividades se realizan de manera unilateral en una zona cuya soberanía reclama y que la explotación de esos recursos requiere autorización de las autoridades nacionales. También considera que el avance del proyecto puede generar consecuencias irreversibles sobre recursos naturales no renovables.
En cambio, el Reino Unido rechaza el planteo argentino. Su posición es que las actividades vinculadas con los hidrocarburos están reguladas por la legislación británica aplicable en las islas y se desarrollan conforme al derecho internacional. Londres también defiende el derecho de los habitantes del archipiélago a decidir su futuro político y económico.
La diferencia entre ambas posiciones constituye uno de los principales obstáculos que deberá enfrentar la estrategia diplomática argentina.
Los riesgos que advierten los especialistas
Aunque el Gobierno considera que existen fundamentos para recurrir al Tribunal del Mar, diplomáticos con experiencia en la cuestión Malvinas manifestaron reparos sobre la decisión. Según consultas publicadas por La Nación, algunos calificaron la iniciativa como arriesgada debido a la incertidumbre sobre el resultado y a las dificultades de encuadrar el conflicto dentro de las competencias del organismo.
La principal preocupación es que un pronunciamiento adverso pueda ser utilizado por el Reino Unido para reforzar su posición jurídica o política en futuras discusiones relacionadas con la explotación de los recursos naturales del archipiélago.
Uno de los puntos más delicados es la posición británica sobre la autodeterminación de los isleños. Mientras la Argentina sostiene que existe una disputa de soberanía que debe resolverse mediante negociaciones bilaterales, Londres defiende el derecho de los habitantes a decidir su futuro.
Los diplomáticos consultados también advirtieron sobre posibles litigios en otros ámbitos internacionales, incluidos la Corte Internacional de Justicia y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en caso de que las medidas argentinas contra empresas vinculadas con el proyecto deriven en nuevas controversias.
Sin embargo, estos escenarios forman parte de los riesgos planteados por los especialistas y no constituyen consecuencias automáticas de la presentación ante el Tribunal del Mar.
El límite del Tribunal del Mar: no puede decidir la soberanía de las islas
Uno de los aspectos centrales de la estrategia es que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no tiene competencia general para resolver a qué país pertenecen las Islas Malvinas. Su jurisdicción se refiere a la interpretación y aplicación de la CONVEMAR y a otras materias expresamente comprendidas en sus atribuciones.
Por eso, la Argentina deberá fundamentar su reclamo en los derechos y obligaciones marítimos que considera vulnerados, sin pedir que el organismo resuelva directamente la cuestión territorial.
En su argumentación, el Gobierno se apoya en antecedentes de las Naciones Unidas. La Resolución 2065, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.
También invoca la Resolución 31/49, de 1976, que llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuara pendiente la controversia.
La Cancillería buscará vincular esos antecedentes con las obligaciones establecidas por el derecho del mar, entre ellas la preservación de los recursos y del medio marino. Sin embargo, la aplicación concreta de esas normas a una disputa que también involucra soberanía territorial podría convertirse en uno de los puntos de mayor discusión jurídica.
El antecedente de la Fragata Libertad
Dentro del Gobierno también recuerdan una experiencia anterior en la que la Argentina recurrió al Tribunal del Mar para obtener una respuesta urgente.
En 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el país solicitó la liberación de la Fragata ARA Libertad, que había quedado retenida en Ghana a raíz de un litigio promovido por acreedores de la deuda argentina.
El tribunal ordenó la liberación inmediata del buque y permitió que la embarcación y su tripulación abandonaran el puerto. La decisión llegó aproximadamente un mes después de la presentación argentina.
Aunque ese precedente alimenta las expectativas oficiales, las circunstancias jurídicas son diferentes. En el caso de la Fragata Libertad se discutía la inmunidad de un buque de guerra; en la controversia actual, el planteo está relacionado con actividades hidrocarburíferas y derechos marítimos en un territorio cuya soberanía continúa en disputa.
Por lo tanto, el antecedente demuestra que el organismo puede adoptar medidas urgentes, pero no garantiza que resuelva de la misma manera el caso de Sea Lion.
La disputa diplomática se intensificó en las últimas semanas
La decisión de avanzar hacia el arbitraje se suma a otras medidas anunciadas por el Gobierno argentino para reforzar su reclamo sobre las islas y sus recursos naturales.
El 3 de septiembre, Milei había presentado una serie de iniciativas vinculadas con la defensa de la soberanía, entre ellas un proyecto para endurecer las sanciones a empresas relacionadas con la explotación de recursos en Malvinas, la creación de una base naval integrada en Ushuaia y la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional.
Tras la intimación argentina del 28 de septiembre, el Gobierno británico rechazó el planteo y defendió la continuidad de las actividades económicas en las islas. La posición de Londres fue transmitida también a la embajadora argentina en el Reino Unido, Mariana Plaza.
El canciller Pablo Quirno, por su parte, defendió la iniciativa como parte del compromiso argentino con los mecanismos pacíficos de resolución de controversias. El Gobierno sostiene que, si el Reino Unido considera legítimas sus operaciones, debería estar dispuesto a defender esa posición ante una instancia internacional independiente.
Con el vencimiento del plazo previsto para este lunes, la disputa entra en una nueva etapa. La Argentina busca que el Tribunal del Mar examine la posibilidad de adoptar medidas provisionales para preservar los derechos que reclama sobre los recursos marítimos, mientras el resultado de la iniciativa continúa sujeto a la evaluación jurídica del organismo.