El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció que presentará un pedido de jury contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, luego de que la magistrada declarara la inconstitucionalidad de la baja de la edad de punibilidad establecida por el nuevo Régimen Penal Juvenil en un caso particular.
La jueza, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, intervino en el expediente de un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y resolvió sobreseerlo. En su fallo consideró que la aplicación de la nueva normativa en ese caso resultaba contraria a garantías establecidas en tratados internacionales. La resolución, sin embargo, no suspendió la vigencia de la ley en toda la Ciudad.

Tapia confirmó que realizará la presentación ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. “Yo voy a estar presentando a título personal el pedido de jury a esta jueza para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analice e interprete si esta jueza cumplió o no con su tarea”, afirmó en declaraciones a Radio Mitre.
El funcionario cuestionó duramente el criterio adoptado por la magistrada y sostuvo que el fallo pone en discusión la implementación del nuevo régimen penal juvenil. “Estamos indignados”, expresó Tapia, quien además objetó que De Marinis haya declarado la inconstitucionalidad de una norma sancionada por el Congreso Nacional.
El ministro también sostuvo que la decisión judicial alcanza únicamente al caso analizado y remarcó que la Ley 27.801 continúa vigente en la Ciudad. La normativa nacional establece un régimen penal aplicable a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18, cuando sean imputados por delitos, y comenzó a regir el 5 de septiembre de 2026.

Por otra parte, Tapia confirmó que la Fiscalía presentó una apelación contra la resolución de De Marinis y manifestó su expectativa de que la Cámara revise el fallo. La existencia del recurso implica que la decisión todavía puede ser modificada por una instancia superior.
En su resolución, la jueza también dispuso la intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de establecer un plan de acompañamiento familiar, reinserción escolar y acceso a actividades recreativas para el adolescente sobreseído.
La discusión se produce pocos días después de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la Ciudad, el Ministerio Público Fiscal había dispuesto una Unidad Fiscal Especializada en materia Penal Juvenil para intervenir en casos que involucren a adolescentes de entre 14 y 18 años, en línea con las nuevas competencias derivadas de la Ley 27.801.
El conflicto institucional quedó así planteado en dos planos: por un lado, la apelación judicial contra el fallo de primera instancia y, por otro, el pedido de jury anunciado por Tapia para que se analice la actuación de la magistrada.