En el marco de las paritarias nacionales para trabajadores estatales, el Gobierno propuso una suba salarial del 7,5% en cuotas mensuales hasta noviembre, junto con el pago de bonos no remunerativos de entre $20.000 y $25.000. La UPCN aceptó el ofrecimiento, pero ATE lo rechazó de plano, calificándolo de “miserable” y anticipando un posible nuevo plan de lucha.
La propuesta contempla aumentos acumulativos distribuidos de la siguiente manera:
1,3% en junio, julio y agosto,
1,2% en septiembre,
1,1% en octubre y noviembre.
Además, el Gobierno propuso sumas fijas mensuales de $25.000 en junio, julio y agosto, y de $20.000 durante septiembre, octubre y noviembre. Sin embargo, estos montos no se incorporan al salario básico.
El titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, rechazó el ofrecimiento oficial y apuntó contra la administración de Javier Milei: “Es una oferta miserable, inaceptable después de meses de congelamiento salarial. Este acuerdo condena a la indigencia a la mitad de los estatales y a la pobreza a casi la totalidad”, disparó.
El gremialista aseguró que “el Gobierno apuesta al conflicto” y advirtió que las protestas “van a aumentar en todo el Estado”. Según indicaron desde el sindicato, se está evaluando un nuevo plan de lucha que podría incluir movilizaciones y medidas de fuerza.
Desde ATE también denunciaron que la paritaria anterior (junio 2024 - mayo 2025) cerró con una suba del 20,8%, frente a una inflación acumulada del 43,5%, lo que implicó una pérdida salarial de 22,7 puntos.
Además, Aguiar cuestionó la modalidad de la propuesta: “Pasaron de una negociación mensual a una semestral. Eso pone en evidencia que después de octubre se viene una nueva devaluación que terminará de destruir todos los ingresos del sector público”.
La aceptación de UPCN, liderada por Andrés Rodríguez, marca una vez más la división en el frente gremial estatal. Mientras el sindicato mayoritario apuesta a una estrategia de negociación moderada, ATE refuerza su línea combativa y denuncia que los aumentos son “una extorsión”, por tratarse de bonos no integrados al salario.
La negociación, en pleno año electoral, se da en un contexto de fuerte ajuste fiscal, caída del consumo y un frente gremial fragmentado, lo que complica aún más el escenario para los trabajadores del Estado.
