La reconstrucción de Bahía Blanca requiere el acuerdo de los gobiernos nacional, provincial y municipal para determinar cuánto dinero aportará cada uno. Sin embargo, otra cuestión clave es el tiempo que tardará en llegar ese financiamiento. En este contexto, fuentes oficiales confirmaron que la Casa Rosada trabaja en una normativa para declarar la emergencia vial en la zona afectada por la inundación.
Según fuentes cercanas a la iniciativa, esta declaración no implicaría fondos extras para reparar caminos y rutas colapsadas, sino que permitiría a la Dirección Nacional de Vialidad realizar contrataciones directas, evitando los procesos de licitación que suelen demorar la adquisición de insumos necesarios.
De este modo, la emergencia vial se diferenciaría de la emergencia ferroviaria, medida con la que el Gobierno reasignó $1,3 billones para infraestructura ferroviaria tras el choque de trenes en la línea San Martín en Palermo, en mayo del año pasado. No obstante, en el oficialismo aseguran que Vialidad Nacional posee un fondo de emergencia que podría cubrir la reconstrucción de rutas nacionales, como la Ruta 3 y sus accesos.
Hasta el momento, el Gobierno confirmó el envío de $10.000 millones para atender la emergencia en Bahía Blanca. En paralelo, fuentes diplomáticas indicaron que el Ejecutivo inició negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener financiamiento destinado a la reconstrucción.
El intendente Federico Susbielles estimó que se necesitarán $400.000 millones para reparar los daños, que incluyen rutas destrozadas, escuelas y hospitales en riesgo de derrumbe, y la restauración del canal aliviador del Maldonado, la principal obra hidráulica afectada.
Por su parte, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, anunció créditos blandos de hasta $10 millones para familias y $40 millones para empresas, además de planes de 36 cuotas sin interés para la compra de electrodomésticos a través del Banco Provincia. También confirmó exenciones impositivas, subsidios para hogares de menores ingresos y la cobertura del pago del transporte público por un mes.
En materia de infraestructura, Kicillof destinó $75.000 millones para reparaciones urbanas, $80.000 millones para la restauración del canal aliviador Maldonado y $22.000 millones para reactivar el Hospital Penna, cuya sala de neonatología debió ser evacuada por la inundación.
El Ejecutivo también explora otras fuentes de financiamiento. Además del BID, cuenta con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que depende del Banco Mundial. En octubre de 2023, el gobierno de Alberto Fernández firmó un préstamo de US$200 millones con este organismo para obras de mitigación de inundaciones en Salta, Chaco, Formosa y Jujuy. Especialistas indicaron que podría redirigirse a Bahía Blanca, aunque llevaría tiempo.
Otro posible aporte proviene del impuesto a los combustibles, que destina el 4,3% de su recaudación al Fondo Hídrico de Infraestructura. Según datos oficiales, en enero y febrero de 2024, el fondo acumuló $25.894 millones.
Por otro lado, el impuesto PAIS destinaba el 19,5% de su recaudación a obras de infraestructura. Sin embargo, en diciembre, el presidente Javier Milei ordenó transferir $1 billón de esos fondos al Tesoro, como parte del ajuste en obra pública.
En este contexto, el financiamiento para la reconstrucción de Bahía Blanca sigue en análisis, mientras el Gobierno busca mecanismos para agilizar los tiempos de recuperación.
