El Gobierno nacional autorizó la emisión de títulos públicos por hasta $221.119 millones para cancelar deudas que mantiene con empresas contratistas de obras públicas. La medida contempla obligaciones acumuladas durante los últimos años y forma parte del Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones implementado por el Ministerio de Economía.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución Conjunta 59/2026 de las Secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este lunes. El esquema establece que las empresas que adhieran al régimen podrán recibir bonos del Tesoro como mecanismo de cancelación de las acreencias, en lugar de un desembolso inmediato en efectivo.
Las obligaciones alcanzadas corresponden a certificados de obra, acopios de materiales y redeterminaciones de precios acumulados entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. También se incluyen deudas pendientes vinculadas con contratos de obra pública extinguidos desde 2024.
Para concretar la operación, el Estado ampliará la emisión de tres instrumentos de deuda denominados en pesos. La estructura contempla un 33% en una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable, con vencimiento el 30 de octubre de 2026, por hasta $60.000 millones de valor nominal.
Otro 33% corresponderá a un Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos, con vencimiento el 15 de enero de 2027, por hasta $51.000 millones. El 34% restante estará compuesto por un Bono del Tesoro con vencimiento el 30 de abril de 2027, por hasta $60.000 millones de valor nominal.
En conjunto, el valor nominal de los títulos podrá alcanzar los $171.000 millones, mientras que el valor efectivo destinado a cancelar las obligaciones podrá llegar hasta $221.119,5 millones.
La operación será imputada a los créditos presupuestarios correspondientes a Aplicaciones Financieras del Ministerio de Economía, dentro de los programas destinados a atender deudas de la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Obras Públicas.
De esta manera, el Gobierno busca regularizar compromisos pendientes con empresas contratistas de infraestructura mediante la entrega de títulos públicos, evitando que la totalidad de las obligaciones deba ser afrontada de manera inmediata con recursos en efectivo.
Los instrumentos incluidos en la operación tendrán vencimientos escalonados entre octubre de 2026 y abril de 2027, de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución.
La norma también establece que las emisiones se encuentran dentro de los límites de endeudamiento previstos en la Ley de Presupuesto 2026, que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público y emitir Letras del Tesoro para atender las necesidades del programa financiero del ejercicio.
En términos concretos, el mecanismo permite al Estado reconocer y transformar en títulos públicos las deudas acumuladas con los contratistas, con el objetivo de avanzar en la regularización de las obligaciones vinculadas con obras de infraestructura.
