La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que depende del Ministerio de Economía, dio de baja tres asociaciones de consumidores luego de ser intimidas para presentar documentaciones y no haberlo hecho en el plazo vigente. La medida se tomó mediante las Disposiciones 539, 640 y 641 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

De esta manera, se dio de baja del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores a: "Consumidores Argentinos Asociación para la Defensa, Educación e Información del Consumidor", la "Asociación de Defensa del Consumidor de Santiago Del Estero - ADECSE" y "Justicia Colectiva Asociación Civil".

Qué documentación se le requirió a las asociaciones de consumidores
De acuerdo a los documentos publicados en el Boletín Oficial, se trataba de una operatoria de fiscalización de las asociaciones de consumidores para verificar el cumplimiento de la normativa. A cada una, se le pidió el Informe de Gestión Anual que es obligatorio. Por eso, se intimó a las tres asociaciones otorgándole el plazo de cinco días hábiles desde la notificación para dar cumplimiento con la presentación del Informe y documentación complementaria correspondiente a 2023, bajo apercibimmiento de proceder a su remoción del Registro Nacional de Asociación de Consumidores. Al no recibir esa información, se procedió a la baja.

El Gobierno derogó 43 normas de control de precios, abastecimiento y trámites
El Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo dispuso este martes la derogación de una serie de normas vinculadas al comercio "que le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información innecesaria".
El avance de la desregulación del comercio interno se llevó a cabo mediante la Resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las Resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, por las cuales "se suprimieron 43 normas con potencial para limitar la libertad de los ciudadanos", según informó la cartera económica.
Al fundamentar la decisión, Economía explicó que las normas derogadas estaban "sin uso en la actualidad que, al estar vigentes, dejaban abierta la posibilidad de ser aplicadas para fijar precios, intervenir en la actividad privada y someter a los ciudadanos a requerimientos sin sentido".
Las normas eliminadas abarcaban controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados.
También establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.
Desde el Palacio de Hacienda detallaron que "se derogó, además, una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos", ya que "exigía trámites redundantes para acceder al proceso de homologación de neumáticos, que encarecían el costo de los mismos" y precisaron que "se eliminaron también programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno".
En el texto oficial, se argumentó que "las mencionadas derogaciones se llevaron a cabo con el objetivo de alinear las políticas de regulación del mercado interno a una administración pública de procesos tendientes a su simplificación".
Asimismo, el documento sostuvo que "las normas que establecen acuerdos y controles de precios generan distorsiones en el mercado y, consecuentemente, son perjudiciales para la consolidación de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia y competencia; a su vez, no coinciden con el objetivo de promover la simplificación y desburocratización de los vínculos entre el sector privado y la Administración Pública Nacional".
En este contexto, la cartera conducida por Caputo remarcó que "estas medidas se suman a las 107 derogaciones realizadas por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desde el inicio de la gestión para disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia".
Al respecto, recordaron que "entre las normas ya eliminadas para normalizar el Comercio Exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el SIRA y el DJCP que generaba costos por US$5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales", mientras que "en la misma línea, para transparentar el Comercio Interior, se dio de baja el programa de control, Precios Cuidados, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros".